Un delito que termina siendo condenado. La justicia británica ha lanzado un claro mensaje al emitir su primer fallo contra unos turistas de Gran Canaria, procedentes de Reino Unido, que denunciaron haber sufrido una intoxicación alimentaria durante su estancia en un todo includio, tres años después de sus vacaciones. Una gastroenteritis que no pudieron demostrar y que les ha hecho perder el juicio abierto por el mayorista que les vendió el paquete vacacional Thomas Cook. Una sentencia pionera que constituye un claro aviso a navegantes después de que hace unos días la primera ministra británica, Theresa May, se mostrara inflexible ante este tipo de prácticas fraudulentas que, según consideró, dan «mala fama» a sus compatriotas.

No hay que olvidar que este tipo de reclamaciones basadas en una falsa intoxicación alimentaria durante la estancia en un hotel con modalidad de alojamiento todo incluido se han convertido en el pan nuestro para el sector hotelero español, que tiene en el mercado turístico británico uno de sus principales emisores. Un problema que ha ido «in crecendo» durante los últimos años, lo que a su vez ha generado un importante agujero en las cuentas de los alojamientos españoles, como lleva meses denunciando la patronal hotelera Hosbec, que preside Toni Mayor.

De hecho, la asociación empresarial con sede en Benidorm ha llegado a cifrar en cerca de 60 millones de euros las pérdidas económicas acumuladas por todos los negocios hoteleros golpeados por estas falsas quejas. Tras ellas se encuentran los despachos de abogados piratas, que son quienes realmente ganan en este proceso puesto que la legislación británica no estipula qué cantidad puede llegar a embolsarse el letrado en cuestión por realizar asesoramiento legal en este tipo de reclamaciones.

Una trampa que ha generado pérdidas millonarias al sector hotelero, que durante los últimos meses se ha movilizado para advertir al Gobierno británico y a los touroperadores que no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. La presión y el esfuerzo de la patronal parece comenzar a dar sus frutos y, de momento, la justicia británica ya ha condenado a pagar las costas del proceso a dos turistas que reclamaron de forma fraudulenta.

La intención es que, poco a poco, la sociedad británica sea consciente de que este tipo de prácticas conllevan un castigo si el touroperador en cuestión decide plantar batalla. Una noticia de la que muchos medios ingleses se hicieron ayer y que da algo de esperanza a aquellos establecimientos de la ciudad de los rascacielos que se han visto golpeados e indefensos ante este tipo de prácticas. Se estima que las pérdidas registradas en hoteles de Benidorm, en este sentido, rondan los 10 millones de euros.