El Ayuntamiento de Benidorm cerró ayer el ciclo de plenos de 2013 convirtiéndose por unos minutos en un especie de mundo al revés. Esto es, con el PSOE apoyando la privatización de un servicio público como es el Palau d'Esports y con el PP proponiendo el rescate del mismo para que la gestión vuelva a ser municipal.
El gobierno local, formado por socialistas y liberales, rechazó ayer una enmienda de los populares para municipalizar la gestión de la piscina y el gimnasio de esta instalación deportiva tras el fiasco del proceso de privatización, emprendido el pasado marzo y que se saldó con el abandono de la primera adjudicataria y la concesión temporal a otra firma. Además, el ejecutivo aprobó en solitario un nuevo pliego de condiciones -el tercero en menos de un año-, en el que se rebajan a la mitad las exigencias económicas para las empresas que quieran optar a explotar la instalación, tras tener que dejar el segundo concurso desierto porque ninguna acreditaba solvencia.
El pliego fija como requisito el pago de un canon anual a las arcas públicas de sólo 5.000 euros al año durante los diez años de adjudicación y, además, exime a la mercantil que se quede finalmente con la gestión de abonar la luz, el agua o la tasa por la recogida de basura, conceptos cuyo pago correrá a cuenta de las arcas municipales.
Junto a todo ello, la nueva licitación también rebajará considerablemente la solvencia que deberán acreditar las firmas que participen en el concurso público. Mientras que el anterior pliego, aprobado en octubre y que ahora ha quedado desierto, exigía una facturación mínima de tres millones en los últimos tres años y un saldo medio de 100.000 euros en el último ejercicio, ahora bastará con haber tenido un volumen de negocio de más de 1,5 millones en los tres últimos ejercicios para poder optar a la adjudicación, tal y como explicaron fuentes del ejecutivo local, que justificaron estas reducciones en su voluntad de que «puedan optar un mayor número de empresas».
Intenso debate
La aprobación del nuevo pliego para privatizar el Palau fue uno de los puntos que más debate generó en la sesión de ayer. Principalmente, por la enmienda presentada por el PP en la que proponía municipalizar de nuevo el servicio. El portavoz de los populares, Antonio Pérez, alegó que la explotación privada de la piscina y el gimnasio no reportará «ningún ahorro» a las arcas públicas, dado que los funcionarios que atendían el servicio han sido recolocados en otras dependencias y que el Ayuntamiento seguirá pagando la luz, el agua, la basura u otros gastos generados por el uso.
Pérez también llamó la atención en el hecho de que, lejos de producirse un ahorro, la privatización hará que se aminoren los ingresos, «puesto que la empresa recaudará todo el dinero de los usuarios y socios», tesis que después también respaldó el concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer.
En su exposición, el PP fue más allá y comparó la cesión del Palau con otras concesiones públicas. Pérez afirmó que «un ciudadano que gestiona un bar municipal tiene que abonar, además de un canon, la luz, el agua o la basura, mientras que a la empresa del Palau todo eso se lo pagará el Ayuntamiento durante diez años». Además, lamentó que el Ayuntamiento sólo exija 5.000 euros de canon, «cuando en el primer concurso, las seis empresas que optaron ofrecían pagar como mínimo 15.000 euros». Por ello, preguntó al gobierno cómo no se ha incrementado esa exigencia económica, tras lo cual comparó los 5.000 euros que se reclamarán por el Palau con los 20.000 anuales que ofrecía pagar de canon la firma que explota un burger en suelo municipal en Jaime I, y que deberá desalojar el local al no aceptar el Ayuntamiento su propuesta.
En la misma línea se pronunció el concejal no adscrito. Ferrer indicó que el Consistorio no ha hecho ningún estudio para saber cuánto dinero va a costar a las arcas públicas abonar la electricidad, el agua y la basura del Palau y lamentó que se vaya a «hipotecar durante diez años un servicio público facilitando demasiado las cosas a una empresa».
Réplicas y defensa
Frente a las críticas de la oposición, la defensa de la postura del ejecutivo local vino ayer por dos vías. El concejal de Deportes y Contratación, el liberal Miguel Llorca, defendió que la empresa que ahora gestiona temporalmente el Palau, vinculada a la que se le van a ceder por cuatro años el uso de las instalaciones deportivas de Foietes para realizar cursos, está gestionando la piscina y el gimnasio «de forma ejemplar y sin que haya ninguna queja de los usuarios». Además, Llorca manifestó que las condiciones administrativas «apenas han variado desde el primer pliego» y consideró que «no hay razones objetivas para que el servicio tenga que ser asumido de nuevo por el Ayuntamiento».
Por su parte, el portavoz del PSOE, Conrado Hernández, afirmó que la rebaja de exigencias económicas responde a la necesidad de «hacer una licitación acorde a los tiempos empresariales que corren» y destacó el «carácter social» del pliego, ya que ahora se ha introducido la exención del pago de cuotas a colectivos de discapacitados, a los que, como denunció días atrás UPyD, se empezó a cobrar por usar la piscina cuando se privatizó el Palau.
