Guerra abierta de declaraciones y posturas entre el Club Náutico de Altea y la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por las tasas del canon anual que el Consell quiere imponer a los clubes náuticos valencianos, con un 700 por ciento más en el caso de Altea.

Ayer, después de que desde el gabinete de la Consellería afirmasen el martes que en el caso del club de Altea «no es cierto que pase a pagar siete veces más su canon», sino 5,70 veces más, «al pasar de pagar 50.804 euros al año a pagar 289.642 euros anuales» (como publicó este diario el pasado día 14), el presidente del Club Náutico de Altea, José Román Zurutuza, negó tal extremo y se reafirmó en que «tendremos que pagar 7 veces más el canon anual», argumentando que «es una cuestión de clase particular de matemáticas. Ahora pagamos 50.804 euros anuales, con el 21 por ciento de IVA incluido. Desde el Consell pretenden cobrarnos 289.642 euros, con esas cantidades tendrían razón en el porcentaje, pero se les olvida añadir el impuesto en la última cifra, con lo que están tergiversando la realidad una vez más. Una simple operación dará como resultado definitivo un canon final de 350.467 euros, IVA incluido, que significa un incremento de 6,90 veces».

Para José Román Zurutuza, ese canon, resultante de aplicar el 5% del valor de las instalaciones según marca la Ley de Puertos Valenciana de 2014, «sería ilegal porque esa valoración con la que trabaja el Consell la estableció una tasación encargada a una empresa privada con anterioridad a la aprobación de la Ley». Zurutuza denunció que «oficialmente nunca hemos sido informados de esas tasaciones, que, insisto, para nosotros son ilegales», y aseguró que los cálculos efectuados en la tasación del Club Náutico de Altea «no se ajustan a los criterios de valoración por comparación con instalaciones deportivas, tal y como prevé la Ley».

Zurutuza aseveró que la decisión del Consell de multiplicar «hasta por 7 el canon anual que los clubes náuticos valencianos debemos abonar» por gestionar las instalaciones náuticas, «significa una sentencia para las entidades, obligadas a subir las cuotas a su masa social, multiplicar tarifas y reducir al límite la actividad deportiva. Ello se traducirá en una merma de su competitividad, cuando no en su desaparición».

Las autoridades dan este paso «sin iniciar el preceptivo proceso de adjudicación de concesiones previsto en la Ley para clubes náuticos deportivos sin ánimo de lucro. Bien al contrario, pretenden de nuevo otorgar una autorización administrativa temporal y precaria, con un nuevo y desproporcionado canon, como si de una instalación portuaria nueva se tratara».

A juicio del presidente del Náutico de Altea, esta Ley supone «una clara ruptura con los actos y los compromisos asumidos públicamente por parte de los poderes públicos valencianos en cuanto a la importancia del turismo náutico, la promoción y difusión del deporte y, por extensión, del asociacionismo deportivo, que en el ámbito náutico está representado por los Clubes Náuticos. No existe ni una sola mención que permita diferenciar el régimen jurídico aplicable a tales entidades sin finalidad lucrativa, de la aplicable a las personas jurídicas que se dedican a la explotación económica, sin más, de instalaciones portuarias".