La falta de medios en el Centro de Salud Pública de la Marina Baixa y el recorte aplicado por su Dirección General a unas compensaciones que hasta ahora percibían los funcionarios por sus desplazamientos puede poner en riesgo la realización de todo tipo de controles de seguridad alimentaria tanto en Benidorm como en otros establecimientos de la comarca. Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), quien asegura que los inspectores veterinarios de Sanidad, encargados de llevar a cabo esta labor, se han quedado sin poder realizar inspecciones, tras plantarse a utilizar sus vehículos particulares en el ejercicio de su labor de control sanitario y no poder desplazarse de otra manera.
El departamento de Salud Pública en la comarca, cuya sede se ubica en Benidorm, cuenta entre su personal con un total de 23 profesionales encargados de realizar distintas inspecciones, de los cuales ocho son quienes se ocupan de la seguridad alimentaria en hoteles, locales de restauración, parques temáticos, empresas de alimentación, supermercados, lonjas pesqueras y todo tipo de locales en los que se manipule alimentos. Para sus traslados laborales, todo este personal disponen tan sólo de tres vehículos públicos -3 para 23-, lo que hacía que, hasta ahora, la mayoría de inspectores utilizaran sus coches particulares, a cambio de percibir una pequeña compensación en la nómina en concepto de «otros gastos», todo según la información aportada por el CSI-F.
Ahora bien, aunque así se había venido funcionando durante muchos años, la conselleria de Hacienda alertó hace meses de que el concepto por el que se les abonaba este plus no era legal, dado que la Generalitat eliminó hace lustros el complemento por desplazamiento para sus funcionarios. Y el pasado 23 de mayo, la Dirección General de Salud Pública decidió retirar esta compensación «de forma unilateral, sin ningún tipo de diálogo y en algunos casos, con carácter retroactivo», tal y como denuncian desde esta central sindical.
En pie de guerra
Fernando Asensio, presidente provincial de Sanidad del CSI-F, explicó que los veterinarios inspectores llevan tiempo «en pie de guerra porque no tienen reconocida la categoría laboral que les debería corresponder», a lo que se suman otros problemas, entre los que desde esta central citaron las guardias localizadas, horarios de trabajo, trabajo en festivos y nocturnos o la transparencia en la programación del trabajo. «Y a todo ello se ha sumado la falta de medios para desplazarse. Si encima que estoy trabajando y no me siento bien remunerado, tengo que pagar de mi bolsillo, apaga y vámonos», destacó Asensio, quien apoyó a estos inspectores en sus reivindicaciones y recordó que, en ningún caso, el personal está obligado a utilizar su coche particular para esta labor.
El responsable provincial de Sanidad en esta central sindical explicó que, por ahora, una de las opciones que se habría dado a estos trabajadores cuando no hay coches disponibles es utilizar un taxi u otro tipo de transporte público, pagarlo de su bolsillo y, con posterioridad, pasar la factura como gastos. «Pero muchas veces las distancias son de 40 o 50 kilómetros diarios, que asciende a mucho dinero, y la Administración puede tardar dos, tres o cuatro meses en aprobar el pago. ¿Qué hacen entonces, gastar todo su sueldo y esperar a ver cuándo se lo devuelven?», dijo Fernando Asensio, no sin antes criticar que, mientras en la Marina Baixa «se manda a los trabajadores a buscarse sus propios medios, quitándoles hasta el pobre complemento de gastos que cobraban, en departamentos como en el de Alicante sobran coches eléctricos y no se les da el uso necesario».
Reivindicación
Por último, desde el sindicato alertaron del «peligro para la salud de ciudadanos y turistas» que puede provocar que, en plena temporada alta, los inspectores de Salud Pública no puedan llevar a cabo controles alimentarios en hoteles, restaurantes y otro tipo de establecimientos. Por ello, reclamaron a Salud Pública que restablezca de inmediato esta compensación de manera provisional y se busquen soluciones para estos inspectores, mientras no se les dote de suficientes vehículos para el ejercicio de su actividad profesional.
