Apuesta directa del Consell para lograr que todos los ayuntamientos dispongan de un «equipo base» en materia de servicios sociales. La intención es dotar a todos los municipios de un trabajador social, un educador, un psicólogo, un asesor jurídico y un administrativo en un plazo de dos años. Un objetivo para el que el departamento autonómico de Igualdad y Políticas Inclusivas ya ha presupuestado de cara a este ejercicio un montante total de 1,4 millones de euros sólo para los pueblos de la Marina Baixa. Una inversión que supone un 137,5% más respecto al pasado ejercicio, cuando la partida fijada para este fin fue de algo menos de 600.000 euros.
Así lo explicó ayer la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, durante el acto de presentación del nuevo modelo para dar cobertura a estas prestaciones que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Benidorm. Una cita a la que estaban invitados miembros de los gobiernos de toda la comarca y que, sin embargo, tan sólo contó con la asistencia del alcalde de Polop, Gabriel Fernández, la concejal de Bienestar Social de esta localidad, Marie France Berenguer, y su homóloga de La Nucía, Beatriz Pérez-Hickman. El primer edil de Benidorm, el popular Toni Pérez, también estuvo presente, así como ediles de diferente grupos de la oposición de la ciudad turística.
Más ratio
El objetivo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, es «reconstruir un sistema público digno donde el municipalismo sea el instrumento para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención con el objetivo de rescatar personas y ofrecer una atención social de calidad», como explicó ayer en Benidorm Ferrando. O dicho de otra forma, aumentar la ratio de los profesionales a golpe de incremento presupuestario.
Además, la secretaria autonómica de Servicios Sociales aprovechó la cita para lanzar un aviso a navegantes. «Si queremos que las cosas funcionen deben haber buenos profesionales a las que las administraciones locales deben empoderar», advirtió ante la mirada de diferentes responsables municipales de toda la comarca.
De esta manera, el objetivo es conseguir que desde este año hasta 2019 todos los municipios y mancomunidades de la Comunidad Valenciana dispongan de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga, un asesor o asesora jurídica y un administrativo o administrativa. «El aumento de personal repercute en una mejor atención a las personas», ensalzó ayer Ferrando, quien explicó que con las inversiones de la conselleria de Igualdad las ratios de profesionales por habitante de la comarca de la Marina Baixa pasarán de un profesional cada 7.596 habitantes en 2016, a uno por cada 2.910 habitantes a finales de este año.
Todos los municipios de la comarca perciben este año un aumento en la financiación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para servicios sociales y, por tanto, en el presupuesto destinado a los equipos base. Los municipios de La Nucía y Altea son los que mayor incremento reciben respecto a 2016, con la cantidad de 285.882 euros cada uno de ellos, lo que supone alrededor de un 320% más que el año pasado.
