Los flecos pendientes del proceso de expropiación que el Ayuntamiento de Benidorm inició hace años sobre el suelo rústico que el empresario Enrique Ortiz todavía atesora en El Moralet se convirtieron ayer en los protagonistas del pleno ordinario de este mes. El hecho de que el gobierno local reculara en el último momento y decidiera retirar del orden del día el punto número cuatro, encaminado a ratificar el acta de pago y ocupación del citado terreno -que aglutina casi 335.000 metros cuadrados-, y que venía a completar la compra forzosa para que el Ayuntamiento pueda pasar a ser el titular de la parcela, sembró un mar de dudas entre los grupos de la oposición, tanto por la falta de explicaciones del gobierno local como por las «prisas» por cerrar un acuerdo que no había sido consensuado con el resto de formaciones y que, después, se cayó del debate municipal.

No hay que olvidar que el Ayuntamiento desembolsó en el año 2014 un total de 72.000 euros a la empresa Incobe -titular del terreno y participada por Enrique Ortiz- después de que el Jurado Provincial de Expropiación fijara en seis millones el coste de este suelo rústico y Ortiz llegará a pedir por el mismo hasta la friolera de 47 millones. Como la administración local recurrió la valoración realizada por los tribunales e Incobe también ambas partes se vieron abocadas a hacer efectiva la expropiación con el pago de los 72.000 euros que el Consistorio estaba dispuesto a pagar. Cabe destacar que ahora es el Tribunal Supremo (TS) quien debe poner una cifra al suelo.

El problema es que el Ayuntamiento ya transfirió esos 72.000 euros. Un paso con el que hizo efectiva la compra forzosa que nunca llegó a formalizarse al no realizar el acta de ocupación de los terrenos. O dicho de otra forma, Ortiz seguía siendo, a efectos prácticos, el titular de los mismos con las obligaciones que eso conlleva, como el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De ahí que finalmente, y tras la solicitud del controvertido promotor alicantino, el actual gobierno local del PP llevara a pleno de ayer la ratificación del acta de ocupación, ya firmada por el alcalde y Ortiz. El último trámite para escriturar el suelo a nombre de Benidorm.

Sin embargo, finalmente, la propuesta se quedó encima de la mesa por petición del propio gobierno local, que no dio muchas más explicaciones sobre la retirada. Con todo, el hecho de que la oposición ya hubiera tenido acceso al convenio, firmado entre Incobe -empresa participada por Ortiz- y el Consistorio, para formalizar la compra forzosa del suelo rústico de El Moralet llevó a varios grupos -PSOE, Ciudadanos (Cs) y Compromís Los Verdes- a presentar, por vía de urgencia, una moción para revocar el acta de ocupación alegando que la misma generaría una serie de intereses que el Ayuntamiento tendría que pagar de forma añadida en el momento que se fijará de manera definitiva el justiprecio. Algo que debe hacer el Supremo y para lo que no hay fecha.

Los temores de la oposición a los intereses que se podían llegar a generar con la operación fueron el detonante a la petición de anularla. Fue en el debate de esa moción cuando el propio Pérez admitió que si se había retirado la propuesta de ratificación del acuerdo era por la falta de los informes técnicos pertinentes. Algo que irritó todavía más a la oposición. «No sabemos a qué se debe la prisa. Este Ayuntamiento ha pagado dinerales por expropiaciones mal hechas», apuntó el portavoz del grupo socialista, Rubén Martínez, quien fue más allá y lanzó que la intención de su propuesta era desahacer el «entuerto» económico generado por el gobierno local tras la firma del convenio.

Fue entonces cuando el secretario municipal entró a escena para aclarar que la firma del acta de ocupación no aparejaba la creación de intereses. De hecho, advirtió que ya podrían estar generándose. Algo que despertó la inquietud de todos los grupos.

Así, el representante de Cs, Rafael Gasent, lamentó la opacidad del gobierno en este sentido. Desde Liberales, que no formaron parte de la moción conjunta, criticaron al gobierno local por favorecer al empresario.

Nueva Comisión

Finalmente, fue el propio alcalde quien abrió la puerta a crear una comisión que estuviera presidida por algún edil de Cs para esclarecer cómo se tramitó la expropiación y el futuro de la misma. Un anuncio que, no obstante, se quedó en el aire.