A ciegas. El equipo de gobierno popular de Benidorm ha completado los trámites para expropiar el suelo rústico que el promotor alicantino Enrique Ortiz posee en el sector de El Moralet sin saber aún lo que esta compra forzosa costará a las arcas municipales. Así se desprende del acuerdo firmado por la mercantil titular del terreno en cuestión, Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe) -participada por Ortiz y el empresario Antonio Solana-, y el alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, al que ha tenido acceso este diario. La aprobación definitiva del citado convenio se votará en el pleno municipal el próximo lunes y, de entrada, ya ha generado multitud de dudas a los grupos de la oposición.
El proceso para expropiar el suelo rústico que Ortiz atesora en el sector de El Moralet ha sido un camino de espinas para la administración local benidormense. Fue en el año 2011 cuando la mercantil Incobe decidió iniciar el trámite para obligar al Consistorio a adquirir de manera forzosa esta parcela, que aglutina 332.000 metros cuadrados, al ser terreno no urbanizable. Y empezaron los problemas. El Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE de Agustín Navarro y su socia liberal Gema Amor, rechazó la hoja de aprecio presentada por la empresa participada por Ortiz, que pedía la friolera de 47 millones de euros por el solar. El polémico constructor quería que la administración pública pagará el metro cuadrado a nada menos que 136 euros.
Un precio desorbitado, a juicio de la administración local benidormense, que rebajó el coste del suelo a 72.000 euros. O dicho de otra forma, a pagar dos céntimos por cada metro cuadrado. La brecha entre ambas valoraciones era tan abismal que, como cabía esperar, el Jurado Provincial de Expropiación tuvo que mediar y fijó el precio en cerca de seis millones de euros. Pese a ser una cantidad intermedia entre las propuestas económicas presentadas por ambas partes, ninguno de los actores afectados se mostró conforme y decidieron recurrir, de nuevo, a los tribunales para defender sus estimaciones económicas.
El problema es que en el transcurso de esta batalla legal, el Ayuntamiento se vio obligado a cumplir una de las sentencias que le obligaba a pagar a la empresa participada por Ortiz «la cantidad en la que existe consenso respecto del justiprecio». Esto es, los 72.000 euros que había ofrecido de forma inicial el Consistorio por el suelo. Un dinero que, de hecho, la administración local transfirió a Incobe en el año 2014.
Al dar este paso, automáticamente, se hizo efectiva la expropiación. Eso sí, a falta de rubricar el acta de ocupación. Un trámite con el que se completaría la expropiación y convertiría al Ayuntamiento en el titular del terreno.
El anterior ejecutivo esquivó este último trámite y, de esta forma, no llegó a formalizar la compra forzosa a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera el precio final de la expropiación, ya que en estos momentos el justiprecio fijado por el Jurado Provincial está recurrido en casación por ambas partes. Sin embargo, el hecho de que, hace unos meses, el propio Ortiz advirtiera al Ayuntamiento de que seguía pagando cerca de 40.000 euros al año en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre este suelo pese a que la expropiación ya se había tramitado obligó al actual ejecutivo municipal a completar el procedimiento, como explicó ayer a este diario la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, quien insistió que este último trámite se ha hecho para «cumplir la ley».
«La expropiación ya se había producido, aunque no esté fijado el justiprecio del todo», aclaró ayer la concejal a la vez que insistió en la obligación del Ayuntamiento de «ocupar» estos terrenos ya que la mercantil no tiene por qué pagar un IBI que no le corresponde. «Simplemente estamos acabando una expropiación iniciado por el gobierno anterior, que intentó hacer unos acuerdos y dar unas unidades de aprovechamiento, que le costaron el puesto a Juan Ángel Ferrer -edil de Urbanismo de la primera etapa del PSOE-», lanzó Caselles a la vez que apostilló que «estamos pendientes de lo que diga el Supremo para valorar finalmente esos terrenos».
Dudas entre la oposición
El convenio firmado entre el alcalde y Incobe para completar la expropiación de El Moralet ha levantado recelos entre los grupos de la oposición, que no eran conocedores del mismo. «En cuanto firmemos el acta de ocupación el Ayuntamiento se convierte en el dueño del suelo. Así que cuando el Supremo resuelva el precio de la compra forzosa también habrá que pagar los intereses generados por la demora, que empezaran a contar desde la firma», advirtió ayer el edil de Ciudadanos (Cs) Juan Balastegui a la vez que calificó la actitud del primer edil en este asunto de «irresponsable». «No entendemos que prisa había», zanjó el concejal.
El portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, se pronunció en el mismo sentido y, además, alertó de que no existen informes económicos que avalen este último trámite a la vez que recordó que el precio final de la compra forzosa está en el aire.
