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Benidorm

El doble calvario de una funcionaria acosada

Una trabajadora municipal lleva un año esperando que la exedil del PSOE que la acosó o el Ayuntamiento le paguen la indemnización

Isabel Martínez, exedil condenada.

Hace poco más de un año, un juzgado de Benidorm condenó a la exconcejal socialista Isabel Martínez a doce meses de prisión por acosar laboralmente a la coodinadora del departamento de Bienestar Social, durante la etapa en la que estuvo al frente de esta concejalía. Esto es, entre septiembre de 2009 y mayo de 2011. Habían pasado cinco años desde que la trabajadora interpuso una denuncia contra ella, tras haber sido despojada de todas sus funciones, trasladada a otro centro de trabajo y sometida a lo que, entonces, el juez consideró «un caso claro de 'mobbing' vertical». Todo ello le provocó una crisis de ansiedad que obligó a la funcionaria a estar 276 días de baja laboral. Y, para resarcirla de los daños sufridos, el juez condenó a la exedil del PSOE a pagarle una indemnización de 35.610,96 euros que, en caso de no poder asumir, tendría que abonar el Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

Tras aquel primer calvario por el acoso laboral al que fue sometida, la trabajadora municipal se enfrenta ahora a otro viacrucis. En este caso, para cobrar lo que, según los tribunales, le pertenece. Más de un año después de que el juez dictara sentencia en primera instancia y más de seis meses después de que la misma fuera ratificada por la Audiencia Provincial, la coordinadora de Bienestar Social sigue sin haber percibido ni un euro. Su abogada ha presentado ante el juzgado una queja en la que reclama la ejecución de sentencia. Pero todo apunta a que la funcionaria seguirá sin tenerlo fácil para cobrar.

Apremio

El Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm, que dictó sentencia, ha dictado un auto para reclamar por la vía de apremio el pago de la indemnización a Isabel Martínez, dentro del cual también ordena la localización y averiguación de todos sus bienes para valorar si está en disposición de abonar esos 35.610,96 euros.

Contra el auto no cabe recurso, pero sí oposición del ejecutado. Y eso es lo que tiene previsto hacer Isabel Martínez. Así lo confirmó ayer el defensor de la exconcejal, que recordó que la Martínez lleva desde 2011 retirada de la política activa y en la actualidad está jubilada, por lo que no tendría solvencia para asumir esta indemnización. De ahí que el letrado considere que debería ser el Ayuntamiento quien asumiera el pago como responsable subsidiario de aquellos hechos y así lo van a solicitar ante el juez.

Y aquí se abre otro abismo. Fuentes del gobierno local explicaron que, en este asunto, sobre el que ya se pidieron informes, hay discrepancias entre los propios técnicos de Secretaría e Intervención. El primero planteó la posibilidad de abonar la indemnización a la funcionaria y, después, reclamar el dinero a la exconcejal; el segundo, consideró que el Ayuntamiento en ningún caso debía asumir el pago si no lo hacía antes la condenada. De modo que, como se diría coloquialmente, unos por otros y la víctima del acoso laboral continúa sin resarcir.

Denuncia sindical

Ante tanto despropósito para los intereses de la funcionaria, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), al que está afiliada la coordinadora de Bienestar Social, denunció «la falta de respeto a la justicia y a los trabajadores que han sido acosados laboralmente por una concejala socialista», de lo que culparon tanto al actual gobierno local, del PP, como al PSOE, partido al que pertenece la condenada.

Igualmente, desde el SPPLB avanzaron que han solicitado «un listado de productividades, porque entendemos que muchas de ellas son ilegales y se están manteniendo mientras que por otro lado no se cumple con las sentencias judiciales», tanto en este caso como «con otras tres en firme a otros tantos funcionarios por ejercer funciones de superior categoría que tampoco han sido abonadas».

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