La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se comprometió ayer ante los diputados del Partido Popular por Alicante Joaquín Albaladejo y Loreto Cascales a «facilitar lo que esté en su mano» para dar «viabilidad» a la asociación Emaús. Así lo trasladaron desde el PP provincial a través de un comunicado, en el que aseguran que la ministra se ha comprometido «después de que los dos diputados le hayan expuesto la delicada situación a la que se enfrenta la empresa y los perjuicios que causará su disolución a los colectivos vulnerables que ahora atienden en la provincia y a sus empleados».

Ante ello, según el PP, «el Gobierno se ha comprometido a estudiar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda que la compañía mantiene con la Seguridad Social», aunque en ningún caso la condonación de estos 6 millones de euros, como reclamó la empresa que estaba interesada en asumir los centros de Emaús y también, días atrás, los alcaldes de las localidades de la Marina donde la institución tiene presencia.

Como ha venido contando este diario, la entidad, con 300 trabajadores, se encuentra en un concurso de acreedores que, si nada lo remedia, en los próximos días podría derivar en un ERE y verse abocada a cerrar sus centros de atención a menores, discapacitados, mujeres víctimas de violencia y personas de la tercera edad que tiene diseminados en Altea, l'Alfàs del Pi, Relleu, Calp, Polop, El Verger y Benissa.

Cruce de acusaciones

«El Gobierno está abierto a cualquier fórmula que permita mantener el servicio en las condiciones actuales siempre que no suponga un quebranto para el patrimonio de la Seguridad Social», afirmó Joaquín Albaladejo en relación a la supuesta condonación de dicha deuda. «Perdonar las deudas a la Seguridad Social no es una solución aceptable ni legal, ya que supondría a la larga crear una inseguridad jurídica que no sabríamos a dónde nos llevaría», agregó el diputado, que además cargó contra los alcaldes firmantes de la carta -todos los de los municipios afectados, de partidos de izquierdas, a excepción del de Calp, del PP- y contra la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Albaladejo exigió a Oltra que «actúe para buscar soluciones a esta situación» y le recordó que «los servicios sociales son competencia de la Generalitat y es a esta administración a quien le toca resolver estas situaciones».

Por su parte, desde Compromís censuraron el «cinismo» de Albaladejo y recordaron que la situación en la que ha derivado Emaús es «un problema que se larvó durante años de gobiernos del PP».