Un contrato de quita y pon que ha generado la bronca entre el gobierno local y el principal grupo de la oposición. El Ayuntamiento de Finestrat, gobernado por el Partido Popular, ha vuelto a privatizar el servicio de recogida de basura seis años después de rescatar el contrato que tenía con la antigua adjudicataria, la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas. En esta ocasión, la empresa elegida para llevar a cabo la recogida de residuos es Sociedad de Agricultores de la Vega, que cobrará alrededor de 3,2 millones de euros por este servicio durante los próximos cuatro años. Aunque todavía no está formalizada la adjudicación definitiva, todo apunta a que el próximo 1 de mayo será personal de esta mercantil quien se encargue de retirar los residuos. Y ello, a pesar del malestar que esta decisión ha causado entre algunos ediles de la corporación.
El grupo municipal socialista denunció ayer que la adjudicación de este contrato se ha llevado a cabo «con total oscurantismo y falta de debate», al ser la junta de gobierno quien ha asumido todos los trámites sin ni siquiera llevar el asunto a pleno. A juicio de los socialistas, este procedimiento ha provocado «una clara limitación en el acceso a la información y la participación de los concejales de la oposición, ya que se ha adjudicado el contrato sin que se debata en el pleno, y sin que hayamos podido expresar nuestra opinión acerca de la conveniencia o no de dicho contrato». Igualmente, exigieron al alcalde, Juan Francisco Pérez, explicaciones sobre los motivos que le han llevado ahora a volver a privatizar un servicio que su mismo partido rescató en 2011 debido a una deuda municipal de 3,5 millones y que «supuestamente generaba un ahorro de 396.000? anuales» a las arcas municipales, tras varios años de gestión pública.
«Criterios meramente técnicos»
Frente a estas críticas del PSOE, el alcalde finestratense defendió ayer el procedimiento empleado para adjudicar este contrato asegurando que, desde el principio de legislatura, «las competencias para este tipo de adjudicaciones están delegadas a la junta de gobierno, como también los estaban en la época de Honorato Algado y Miguel Llorca», los dos alcaldes, uno del PP y otro del PSOE, que le antecedieron en el cargo. Según Pérez todo el proceso de adjudicación se ha llevado a cabo «bajo criterios técnicos», tras lo cual negó que haya habido una falta de transparencia «porque las mesas de contratación son públicas y los concejales de la oposición podrían haber acudido como cualquier vecino».
El regidor popular justificó que se haya optado por privatizar de nuevo el servicio asegurando que en 2011, cuando se rescató, el Ayuntamiento se subrogó los camiones de FCC, que ahora «están viejos y habría que hacer una importante revisión para renovarlos». A ello, agregó el hecho de que no hay suficiente personal municipal para asumir estas labores y que, «ante todas estas necesidades y las mejoras ofrecidas por las empresas, se ha optado por volver a adjudicar el servicio para prestarlo mejor».
