La Conselleria de Sanidad, a través del departamento de salud de la Marina Baixa, salió ayer al paso de las críticas generadas por su decisión de retirar a cuatro jóvenes con parálisis cerebral de Benidorm el servicio de transporte que hasta la pasada semana les llevaba a los centros Infanta Elena y San Rafael de Alicante, donde reciben terapia, afirmando que el traslado de este tipo de pacientes no está dentro de sus competencias, a pesar de la «sensibilidad con estas familias».
Por medio de un comunicado, los representantes de Sanidad expusieron que el transporte sanitario viene regulado por el RD 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, según el cual «tienen derecho a la financiación de esta prestación (traslado en ambulancia) las personas enfermas o accidentadas cuando reciban asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, en centros propios o concertados», una circunstancia que no se daría en el caso de estos cuatro jóvenes, debido a que «los centros de Infanta Elena y San Rafael no tienen la consideración de centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud».
Como contó ayer este diario, la retirada de este servicio de transporte ha generado importantes perjuicios a las familias de estos cuatro jóvenes, todos ellos con parálisis cerebral y un grado de discapacidad de entre el 75 y el 89%. En tres casos, son los padres y la abuela de los afectados quienes están asumiendo por ellos mismos los traslados, a costa de hacer cuatro viajes diarios entre Benidorm y Alicante, mientras que la cuarta joven lleva desde el lunes, 3 de abril, sin poder acudir por la imposibilidad de su familia para llevarla a Alicante.
Repercutiendo en la asistencia
Desde la conselleria de Sanidad explicaron que el pliego de ambulancias, firmado en 2013, asigna a la Marina Baixa 11 vehículos para el traslado de 190.000 personas, enfermos o pacientes atendidos en centros sanitarios. Según mantienen, el traslado de discapacitados «estaba repercutiendo en la asistencia, pues nos impedía realizar nuestra labor con normalidad» y se optó por retirar el servicio de forma «paulatina» y «hablando con las administraciones implicadas», para no «causar perjuicio a otros ciudadanos».
Las mismas fuentes recalcaron que es un «problema al que hay que dar solución desde otro ámbito distinto al sanitario» y, entre otros, propusieron que lo asuman los propios centros o colaboren el Ayuntamiento o la Diputación Provincial.
