El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción (OCC) ha denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante las compras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Benidorm en el supermercado de una concejal del PP, el partido que gobierna el municipio, por un valor cercano a los 10.000 euros. Así lo confirmó ayer el miembro habilitado de la junta directiva del OCC, Luis Miguel Lorente, quien el pasado 22 de marzo presentó ante el fiscal un escrito de denuncia en el que también exponen otro hecho que reclaman que se investigue: la fragmentación de dos contratos de obras a dos empresas que están administradas por la misma persona.
El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción es una asociación privada de ámbito estatal, fundada en el año 2014 e impulsada por policías nacionales que en su día formaron parte del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), y otros funcionarios y profesionales tanto de los cuerpos de seguridad como de otros ámbitos, para «dar a conocer a la opinión pública y denunciar ante los organismos que se considere necesarios (?) las prácticas corruptas que conozca». En el caso de Benidorm, dos supuestas irregularidades que, a juicio del OCC, podrían ser constitutivas de presuntos delitos de prevaricación o tráfico de influencias.
El primero de ellos, del que ya se hizo este diario el pasado enero, responde a las compras realizadas en el mes de diciembre por el Ayuntamiento de Benidorm de distintos lotes de alimentos para entregar a las familias con escasos recursos que son usuarias de Bienestar Social. El grupo municipal socialista destapó en su día que el Consistorio había adjudicado, vía contrato menor, un gasto de 9.980,35 euros en un supermercado que pertenece a la concejal de Empleo y Consumo, la popular María Jesús Pinto. Entonces, el PSOE calificó este hecho de «poco ético» y «muy reprobable», mientras que el PP defendió su legalidad afirmando que se solicitaron varios presupuestos y se adjudicó el contrato a las dos empresas que habían ofertado los precios más a la baja, una de ellas, el «súper» de Pinto.
Legalidad en tela de juicio
El OCC, no obstante, discrepa de esta opinión y es por ello por lo que ha decidido poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía, para que sea ésta quien investigue si pudo producirse algún supuesto delito.
Asimismo, en la denuncia presentada ante la Fiscalía el Observatorio también hace referencia a la adjudicación directa de dos contratos de obras a dos mercantiles distintas que están administradas por la misma persona. Una contratación que, a juicio de este colectivo, podría equipararse a una fragmentación irregular de contratos.
Desde el OCC señalaron que, con esta denuncia, se ha «ha recogido la preocupación de algunos de sus socios y simpatizantes en Benidorm por hechos denunciados públicamente por concejales y partidos políticos, alertando de posibles irregularidades del Gobierno» local.
