No realizó informes, no tomaba decisiones y se limitaba a transmitir órdenes entre los políticos y los funcionarios. El coordinador del departamento de Personal del Ayuntamiento de Benidorm, Daniel Caneiro, negó ayer ante el juez la versión ofrecida por diversos testigos que aseguraron que era él quien «hacía y deshacía» en el área municipal de Recursos Humanos y aseguró que no realizó ningún informe que avalara ninguno de los contratos puestos en duda por la Fiscalía.

El funcionario compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación, en la causa abierta por las contrataciones supuestamente ilegales que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento benidormense entre 2010 y 2012 y otras irregularidades en materia de Personal, que acabaron generando un desfase presupuestario de casi 4,5 millones.

Junto a Caneiro, también están investigados el exalcalde socialista Agustín Navarro, que sigue siendo concejal y diputado provincial; el concejal de Recursos Humanos entre septiembre de 2009 y mayo de 2011, Juan Ramón Martínez, ya fuera de la política; y la entonces jefa de Personal, Carmen Navarro. A todos ellos se les imputan supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Caneiro se limitó a responder a las preguntas del juez y de su defensa, pero no a las de los abogados del resto de acusados ni a las de la acusación particular, ejercida por el sindicato SPPLB. Según fuentes cercanas al caso, el funcionario, que también es delegado sindical de UGT en el Consistorio, afirmó que tenía funcionarios por encima y por debajo de él, reconoció que carecía de la titulación necesaria para el cargo para el que fue designado y aseguró que su papel en el departamento era de mero canal de transmisión, a pesar de que otros empleados públicos le señalaron como el que «daba instrucciones directas», «despachaba con el alcalde» o «mandaba».

Testigos

Además de Caneiro, también ayer estaban citados como testigos, a petición de la defensa de Agustín Navarro, la exconcejal socialista Mariola Fluviá y el edil Conrado Hernández. De ambos, finalmente sólo se tomó declaración a la primera, al renunciar la defensa a la segunda declaración. Los letrados de Navarro pretendían demostrar ante el juez que todas las decisiones en materia de Personal estaban delegadas tanto en edil Juan Ramón Martínez como en la junta de gobierno y que, por tanto, no eran exclusivas de Navarro.