Después de casi tres décadas en el limbo legal y sin generar apenas ningún tipo de ingreso para las arcas municipales, el Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en su punto de mira a los telescopios turísticos diseminados por distintos puntos de la ciudad. Y lo ha hecho, para intentar regularizar su explotación por medio de una adjudicación que, además, genere dinero para el Consistorio.
La junta de gobierno local ha dado ya luz verde a una propuesta para sacar a licitación la gestión de estos catalejos por un periodo de cuatro años, a lo largo de los cuales el concesionario tendría que sustituir por otros más modernos los actuales aparatos de color azul, por cuyo uso hay que abonar un euro para poder ver a corta distancia espacios como la isla o los rascacielos más emblemáticos de la ciudad. A ello se suma la obligación de abonar un canon mínimo de 2.000 euros al año, además de las tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que se establecen en la Ordenanza Municipal que regula este asunto.
A cambio, la empresa que resulte elegida para explotar el servicio podrá instalar un total de 16 máquinas: doce en la zona del Castillo, dos en La Cala y otras dos en el Rincón de Loix, con posibilidad de ampliar esta cifra si hay una razón justificada y el Ayuntamiento lo considera oportuno, tal y como matizaron fuentes municipales.
Un permiso a cambio de nada
Para conocer la situación en la que se encuentran los actuales telescopios turísticos, el área de Contratación elaboró un informe en el que explicaba que los actuales aparatos fueron autorizados por resolución de Alcaldía el 28 de noviembre de 1988 y, después de aquel documento, dicha autorización nunca se ha renovado. Los técnicos alertaban de la necesidad de adecuar tal autorización a las exigencias legales de contratación y a los requerimientos técnicos que determine el Consistorio, dado que el permiso concedido hace casi 30 años no establecía el pago de ningún tipo de canon ni obligaba a la empresa gestora a dar otro tipo de contraprestación al municipio, a rendir cuentas de los resultados de la explotación ni a tener que atender los requerimientos del Ayuntamiento, por ejemplo, cuando alguno de los aparatos se encuentra roto o en mal estado.
Fuentes del gobierno local afirmaron que, cuando detectaron esta situación tras la llegada del PP a la Alcaldía, comenzaron a girar a la empresa las liquidaciones por ocupación de vía pública, aunque matizaron que la cantidad no alcanza los mil euros. No obstante, consideraron que «con esto no es suficiente», por lo que prevén que la licitación sirva para poner coto a todas estas irregularidades.
Desde el gobierno indicaron que llevan meses trabajando en el nuevo pliego de condiciones y que ahora, una vez redactado, se convocará un concurso público para que puedan optar el mayor número de empresas.
