El Ayuntamiento de Benidorm desbloqueará de forma definitiva el sector urbanístico PAU Murtal 1, que abarca una superficie de casi un millón de metros cuadrados y que está paralizado desde hace diez años por diversos litigios judiciales. La comisión informativa de Urbanismo del próximo lunes debatirá sobre el proyecto de reparcelación y, ese día, la Junta de Gobierno procederá a la aprobación definitiva, tras la estimación o desestimación de los recursos presentados.
En este sentido, la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, señaló que «los técnicos han decidido desestimar tres recursos, mientras que otro será estimado parcialmente».
Una vez aprobado el proyecto de reparcelación, el urbanizador del sector debe inscribirlo en el Registro de la Propiedad, momento a partir del cual comienzan los plazos para iniciar la urbanización.
Así, el agente urbanizador deberá ingresar en las arcas municipales 1,2 millones antes de 60 días y, después, a los seis meses, tres millones. Ese dinero, no obstante, se ingresa en concepto de Patrimonio Municipal de Suelo, por lo que solo se puede hacer uso de él para expropiaciones o adquisiciones de suelo. Cuando el agente urbanizador haya efectuado la inscripción en el Registro de la Propiedad dispondrá de 36 meses para finalizar las obras de urbanización. Además, el agente urbanizador deberá abonar al consistorio un millón de euros más una vez se haya recepcionado la obra. Las cantidades citadas derivan de la oferta complementaria que el urbanizador presentó en su día y que se comprometió a asumir.
Este suelo fue adjudicado a la mercantil Prometosa Construcciones en el año 2000, que presentó su primer proyecto de urbanización un año después.
En 2003 recibió la aprobación definitiva de la Conselleria y tres años más tarde, en 2006 se suscribió el convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Benidorm. Desde entonces, un sinfín de problemas y litigios judiciales ha impedido cualquier tipo de avance en el sector.
El sector PAU Murtal 1 está enclavado en la zona de Poniente y el convenio urbanístico que rige el contrato de adjudicación estipula una densidad máxima de viviendas de 2.942.
