El abogado Francisco Manuel Escortell presentó en el juzgado una demanda escrita en valenciano y recibió como respuesta de la secretaria judicial que él mismo debía escribir la traducción del texto si no quería ver dilatado su proceso. Podía tardar hasta 5 años, le advirtió de forma verbal. Este caso, destapado hace un año por este diario, puso en evidencia la falta de traductores y la anómala situación de la lengua propia en sede judicial.
Además de presentar su demanda en valenciano, el abogado solicitó por escrito al juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm que las notificaciones se le hicieran en valenciano. Se acogía a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
Pidió amparo ante nueve instancias administrativas para invocar su derecho a recibir las notificaciones en valenciano. Pero no consiguió su propósito. Incansable en su cruzada, ha intentado con una denuncia a la Fiscalía que se abra la vía penal por lo que él considera una vulneración de sus derechos. Pero la respuesta ha zanjado toda su esperanza. La Fiscalía de Benidorm-Dénia ha contestado al letrado que no ven obligación para facilitarle las notificaciones en valenciano.
La fiscal, que ha archivado la denuncia, escribe: «El denunciante solicitó lo que estimó oportuno, en aras a su derecho al uso del idioma valenciano, y obtuvo lo que la Ley también ampara, y es que los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia deben expresarse en idioma castellano, al ser la lengua oficial del Estado, o bien, pueden hacerlo en idioma valenciano (aunque en este caso deberá realizarse la pertinente traducción para el caso de alegarse indefensión), siendo tan importante un derecho como otro, y ambos deben respetarse».
Apenado, el abogado extrae una conclusión: «He podido demostrar que cualquier funcionario puede denegarme el derecho a recibir las resoluciones en valenciano. Se incumple la Llei d'Ús y se me deniega un derecho fundamental».
