01 de diciembre de 2016
Benidorm

La Audiencia ratifica la condena a la exedil Isabel Martínez por acoso laboral a una funcionaria

Mantiene la pena de un año de prisión y una indemnización de 35.610 euros

01.12.2016 | 02:13
La Audiencia ratifica la condena a la exedil Isabel Martínez por acoso laboral a una funcionaria

El dinero lo tendrá que abonar el Ayuntamiento si la exconcejal no puede.

La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la condena de un año de prisión a una exconcejal socialista del Ayuntamiento de Benidorm por acoso laboral a una funcionaria. Así se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, según la cual, la Sección Segunda de la Audiencia considera como hechos probados que la exedil Isabel Martínez, antigua responsable de Bienestar Social, «desde septiembre de 2009 de forma continuada y sin justificación laboral, realizó u ordenó realizar una serie de acciones y tomó una serie de decisiones que afectaban directamente» a la coordinadora de este departamento «desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía por razón del cargo hasta incluso ser apartada de la dirección y coordinación de los centros sociales».

Igualmente, la sentencia contempla que, como consecuencia de estos hechos, la funcionaria «sufrió lesiones consistentes en el transtorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido, necesitando para curar sus secuelas, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico posterior, consistente en terapia psicológica, curando en 710 días, 276 de los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales».

Responsable civil subsidiario
El fallo de la Audiencia, contra el que ya no cabe recurso, desestima la apelación de Isabel Martínez y corrobora punto por punto los argumentos ya recogidos en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm, que condenó a la exedil a un año de prisión y a indemnizar a la trabajadora con 35.610,96 euros, más los intereses legales, por las lesiones padecidas por la trabajadora a raíz de estos hechos. En el caso de que ésta no pudiera asumir el pago, la indemnización correría por cuenta del Ayuntamiento, a quien el fallo declara responsable civil subsidiario.

Francisco Ángel González, portavoz del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en Benidorm, en el que está afiliada la trabajadora afectada y del que es representante electa, ha afirmado que este caso de moobing «sin precedentes en este Ayuntamiento, supuso una horrible pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático, que solamente perseguía el vaciado total de competencias y funciones de la que era y es la funcionaria con mayor responsabilidad en el área, con un solo y claro objetivo, apartarla porque suponía un obstáculo para sus pretensiones».

Por este motivo, ha exigido al gobierno local «que dicte las órdenes oportunas para que la exconcejal asuma el pago de la indemnización porque las arcas públicas no tienen por qué pagar los casos de acoso a una trabajadora».

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