25 de noviembre de 2016
Benidorm

Un año de cárcel para un funcionario por pedir dinero a un penado

El fiscal solicitaba una pena superior, pero un acuerdo entre las partes ha evitado que se celebrara el juicio

29.11.2016 | 03:55

Le exigió 900 euros para librarle de los trabajos comunitarios.

Un funcionario del Ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a un año de prisión y al pago de una multa de seis meses, a razón de cinco euros diarios, por pedir dinero a un penado que realizaba trabajos en beneficio de la comunidad, a cambio de liberarle de esta obligación. El juicio debía celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm y la Fiscalía pedía dos años y nueve meses de prisión, además de la inhabilitación correspondiente, aunque finalmente se llegó a un acuerdo entre las partes que suspendió la vista. De esta manera, el trabajador municipal aceptó la pena de un año de prisión, que quedará en suspenso si durante los dos próximos años no comete ningún otro delito, según fuentes conocedoras del caso. Asimismo, el citado funcionario está obligado a indemnizar al penado con la misma cantidad que éste le entregó, 900 euros.

Además del año de cárcel, el juez le había dado a elegir entre la multa de cinco euros diarios durante seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante el mismo tiempo, aunque el funcionario rechazó esta última opción.

Los hechos fueron denunciados el pasado enero por el criminólogo municipal, que estaba encargado del programa de penados, del que fue relevado poco después de denunciar los hechos. En un escrito que envió a la Alcaldía relataba varias situaciones que podían derivar en responsabilidades penales y civiles para los propios penados y los funcionarios que supervisaban su trabajo. Entre otros, supuestos casos de cohecho, acoso sexual y tráfico de drogas. En enero de este año los hechos fueron puestos en conocimiento de los juzgados e, igualmente, el Consistorio abrió varios expedientes a nivel interno.

El técnico denunciante, que estaba citado en calidad de testigo, fue llevado a la Fiscalía por el propio Ayuntamiento por un presunto delito doloso relacionado con el servicio, a raíz de dicho expediente informativo, por el que también se han llevado ante el Ministerio Fiscal a otros dos funcionarios.

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