24 de noviembre de 2016
Benidorm

Condenan a un año de prisión a un funcionario de Benidorm por pedir dinero a un penado

También ha sido condenado al pago de una multa de seis meses a razón de 5 euros diarios

25.11.2016 | 02:44

Un funcionario del ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a un año de prisión y al pago de una multa de seis meses a razón de cinco euros diarios por pedir dinero a un penado que realizaba trabajos en beneficio de la comunidad.

El juicio estaba previsto para esta mañana en el juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm y la fiscalía pedía dos años y nueve meses de prisión, además de la inhabilitación correspondiente aunque finalmente, según han confirmado a Efe fuentes cercanas al caso, se ha llegado a un acuerdo entre las partes.

De esta manera, el trabajador municipal ha aceptado la pena de un año de prisión, que quedará en suspenso si durante los dos próximos años no comete ningún otro delito. Asimismo, el citado funcionario está obligado a indemnizar al penado al que pidió dinero con la misma cantidad que éste le entregó, 900 euros.

Además del año de cárcel, el juez le había dado a elegir entre la multa de cinco euros diarios durante seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad durante el mismo tiempo, opción que el funcionario ha rechazado, por lo que ha preferido hacer frente a la multa.

Los hechos que ahora se juzgan fueron denunciados el pasado enero por el funcionario que estaba encargado del programa de penados, que a su vez es criminólogo municipal y que poco después fue relevado de sus funciones.
En un escrito que envió a la alcaldía relataba varias situaciones que podían derivar en responsabilidades penales y civiles para los propios penados y los funcionarios que supervisaban el trabajo que éstos hacían.

El técnico denunciante hablaba de supuestos casos de cohecho, acoso sexual y tráfico de drogas. En enero de este año los hechos fueron puestos en conocimiento de los juzgados.

Este técnico, que estaba citado en calidad de testigo, fue sin embargo llevado a la fiscalía por el propio ayuntamiento por un presunto delito doloso relacionado con el servicio.

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