El gobierno popular de Benidorm ha cerrado la puerta a implantar su propia red de autobuses tras las conclusiones de un estudio encargado por el Ayuntamiento a una consultora externa para valorar esta posibilidad que puso encima de la mesa el grupo municipal de Ciudadanos (C's). El informe examina la situación actual del transporte colectivo del área de Benidorm, prestado por dos operadoras diferentes que cuentan con líneas que unen distintas poblaciones de la comarca y que, en el caso de la ciudad, atiende también tráficos urbanos. Estas dos concesiones están caducadas o en puertas de caducidad.
Las conclusiones de este estudio sostienen que «la segregación de las redes», el paso de comarcal a urbana e interurbana, «además de empobrecer en principio la calidad del transporte público en general» supondría para el Ayuntamiento de Benidorm «un coste en términos de subvención del orden de 2 o 3 millones de euros, si pretende mantener el actual nivel del servicio». Además, los usuarios locales «se verían afectados por los previsibles incrementos de transbordos entre la red urbana e interurbana» y también habría un perjuicio para la movilidad sostenible; mientras que para el resto de municipios la red interurbana -si no es subvencionada- «debería reducir sus frecuencias» con los trastornos que esto produciría a los usuarios.
Por todo ello, considera «la conveniencia de mantener, en términos generales, la red actual de transporte público comarcal». Una alternativa a esa separación de redes urbanas e interurbanas que pasa necesariamente por «la aquiescencia de los demás municipios afectados». Para tratar de implantar un sistema de transporte público comarcal en consonancia con la Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana, el estudio recomienda el desarrollo de «una hoja pedagógica» que facilite la incorporación del resto de localidades afectadas y en la que participe la Generalitat Valenciana.
El edil de Movilidad, José Ramón González de Zárate, indicó que a la vista de las conclusiones «no parece conveniente pedir a la Generalitat el rescate de la concesión urbana a favor del Ayuntamiento». Por su parte, el edil de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, criticó los resultados del estudio al entender que carece de fundamentos. «No se ha tenido en cuenta a la población flotante y no es lo mismo que cueste dos que tres millones», zanjó.
