29 de octubre de 2016

Los acreedores plantan batalla para cobrar la deuda

Perjudicados por los impagos de Olga Urbana defienden ante el juez que la Sareb y Abanca administraron la sociedad

29.10.2016 | 01:37

Empresas y particulares personados en el concurso de acreedores de la mercantil Olga Urbana defendieron ayer ante el juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Benidorm su derecho al cobro preferente de la deuda por encima de la condición que hasta ahora ostenta la Sareb. Lo hicieron durante la vista celebrada para resolver el incidente de demanda planteado por estos perjudicados contra la condición de acreedor privilegiado que tanto la administradora concursal, María Antonia Magdaleno, como el juez otorgaron al «banco malo», un hecho que dejaría al resto de acreedores sin posibilidad de percibir ni un céntimo de euro del dinero que Olga Urbana les dejó a deber.

El conjunto de la deuda que reclamaba a esta sociedad asciende a 140 millones de euros, de los cuales cerca de 110 pertenecerían a la Sareb y el resto, a empresas y particulares que participaron en la construcción o que adquirieron una vivienda que nunca les fue entregada.

Fuentes relacionadas con la causa explicaron ayer que una de las líneas argumentales de los abogados que representan a los pequeños acreedores fue que, en su día, la entidad Abanca actuó como administrador de facto de esta sociedad, como prestatario del crédito de 93 millones concedido previamente por NovaCaixa Galicia a Olga Urbana para levantar el complejo. Como ejemplo, basta con exponer que dicho banco intervino la promoción y nombró a un «project manager» para que supervisara todos los pasos que se iban dando en la construcción de las torres, los pagos a proveedores y otros asuntos relacionados con la construcción, un hecho que trataron de demostrar con la presentación de hasta 1.500 emails que reforzarían esta tesis.

Según sus argumentos, cuando la Sareb se hizo por mandato legal con el préstamo a finales de diciembre de 2012, lo adquirió con todos los condicionantes, entre ellos la condición de administrador de hecho de la firma, lo que traería aparejada la subordinación de su deuda.

Frente a esta tesis, Abanca y la Sareb negaron haber tenido participación alguna sobre las decisiones empresariales de Olga Urbana.

Esta demanda mantiene paralizada la adjudicación del edificio al «banco malo» por 58 millones de euros, de los que no tendría que poner ni un céntimo, así como su venta.

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