La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades en la gestión de Olga Urbana, propietaria del edificio In Tempo In Tempo, el rascacielos residencial más alto de Europa, ubicado en Benidorm.
La propia entidad estatal, conocida también como 'banco malo', ha informado de dicha denuncia en un comunicado remitido hoy, coincidiendo con la celebración de una vista oral en el juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante crucial para conocer quién se queda con el inmueble.
La Sareb ha presentado la mejor oferta, 58,5 millones de euros, en la subasta del rascacielos al ejercer su derecho de tanteo como acreedor prioritario de la promotora, dentro del concurso de acreedores que impulsó en 2014.
El comunicado recoge las sospechas del 'banco malo' de que los administradores de Olga Urbana y "algunos de sus propios contratistas y proveedores" habrían realizado "desvíos de fondos" que han supuesto para la concursada un "perjuicio económico de unos 23 millones de euros".
La Sareb adquirió el 31 de diciembre de 2012 por mandato legal el crédito concedido por Nova Caixa Galicia a Olga Urbana SL para la construcción del edificio In Tempo, cuando las obras se encontraban en un 93 por ciento de su desarrollo.
Según la nota de prensa, todos los indicios delictivos denunciados en Fiscalía "corresponden a la etapa anterior a la entrada de Sareb en la condición de acreedor hipotecario, fundamentalmente en los primeros años de construcción del rascacielos".
De acuerdo con la sociedad bancaria, sus pesquisas han revelado "un desvío de fondos cercano a los 13 millones de euros" en esa etapa, un dinero "que nunca fue a parar a su destino final", la construcción de la obra.
"Además, se ha detectado que algunos de los posteriores compradores de viviendas eran accionistas o administradores de Olga Urbana SL, sin que se haya podido justificar los precios pagados ni el destino de las cantidades entregadas a cuenta", añade.
El denunciante mantiene también que existen presuntas vinculaciones entre Olga Urbana, "bien a través de la dirección facultativa de la obra, los accionistas, los administradores, o incluso los familiares de aquellos", con sociedades mercantiles que adquirieron viviendas en el inmueble objeto del litigio.
