Apenas una hora después de que el Consistorio rechazara en pleno extraordinario el último procedimiento de la empresa concesionaria del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm para impedir su desalojo de las instalaciones, la mercantil hizo entrega de un informe externo en el que se advierte que, de ser desahuciado, reclamará la devolución de los pagos realizados por las obras de mejoras que ha realizado en el complejo deportivo. No obstante, en torno a las 10.00 horas, el pleno aprobaba ayer la desestimación del recurso de reposición de la concesionaria, abriéndole así la puerta de salida a los hasta ahora gestores del Palau, en un plazo máximo de ocho días.

De esta forma, el Ayuntamiento da por finalizado el contrato con la empresa concesionaria del Palau por los múltiples incumplimientos de las condiciones acordadas y procederá a rescatar la gestión, como recordó ayer la edil de Contratación, Lourdes Caselles. Con todo, en el escrito presentado unas horas después por la empresa se indica, entre otras cosas, que los «vicios ocultos» descubiertos en las instalaciones les han condicionado las inversiones prometidas en el concurso. Asimismo, recalcan que la «falta de ingresos por la inseguridad jurídica que el Ayuntamiento ha sumido la explotación» también ha impedido realizar la totalidad de las obras pactadas.

Con todo, la concesionaria señala en uno de los informes presentado ante el Consistorio que el Ayuntamiento deberá pagar las inversiones y obras que sí se han realizado. En concreto, cifra el coste en algo menos de 170.000 euros, a lo que habría que restarle el 20% relativo a la amortización de las instalaciones. Además, la mercantil señala que, en estos momentos, hay un total de 624 usuarios del Palau.

Supresión de cursillos

Caselles dijo ayer en pleno desconocer el número de usuarios que registra el Palau y admitió que con el rescate de las instalaciones se verán suprimidos algunos de los cursillos que hasta ahora son ofertados por la empresa que será desahuciada, con la que rechazó sentarse a negociar.

Indemnización y continuidad

Gran parte de los grupos de la oposición criticaron que la decisión impide la continuidad del servicio, al menos de manera continuada ante el cierre de las instalaciones para una revisión, y manifestaron sus temores sobre las posibles indemnizaciones que deberá asumir el Ayuntamiento, tanto a los usuarios afectados como a la empresa que anunció ayer que acudirá al contencioso administrativo.