El gobierno local popular de Benidorm ha efectuado cerca de una decena de pagos en lo que va de año a una misma empresa por el mantenimiento integral del césped de los campos de fútbol de hierba natural del complejo deportivo Guillermo Amor. El montante total de estos desembolsos -si se incluye el último autorizado- superan el tope establecido por la normativa de contratación, que establece un límite de 50.000 euros por firma y año en materia de pequeños contratos. Sin embargo, la mercantil en cuestión ya lleva en su cuenta algo más de 63.000 euros, como se indica en el documento de fiscalización sobre la aprobación del último gasto, en este sentido, al que ha tenido acceso este diario.
En el citado escrito de fiscalización, Intervención señala que «este proveedor cuenta ya con aprobaciones de gasto a su favor en el ejercicio por importe de 46.116 euros, superando los límites del contrato menor, por lo que puede vulnerar la normativa sobre contratación». Hay que tener en cuenta que en lo que va de año la mercantil en cuestión ha ido empalmando contratos y, por ende, pagos por parte del Ayuntamiento. Así, la firma ha recibido hasta nueve entregas económicas en este ejercicio, aunque tres de ellas son por servicios realizados el ejercicio anterior.
Con todo, estos abonos suman los 46.000 euros. Si a esa cantidad se le añade los 17.700 euros en los que está valorado el nuevo contrato por el mantenimiento del césped del Guillermo Amor durante el último trimestre del año, ya se supera el tope de los 50.000 euros y de ahí la incidencia marcada por el área municipal de Intervención. Además, esta empresa también asumió las tareas de replanteo del césped tras los grandes eventos musicales del verano, aunque este contrato es independiente al resto al tener diferente objeto y está valorado en algo más de 30.000 euros, según fuentes consultadas por este diario.
Fuentes municipales recalcaron que tanto para adjudicar el contrato de replanteo como el relativo al mantenimiento del último trimestre, que ha supuesto la incidencia de Interventor, se solicitaron tres presupuestos y la de la mercantil en cuestión fue el más ventajoso. Asimismo, recordaron que la intención del gobierno local es sacar a concurso, antes de que acabe el año, este servicio por un periodo de dos años. «El interventor presentó un reparo al pliego de condiciones, que ya ha sido subsanado. De ahí el retraso en el procedimiento», explicaron fuentes municipales.
Por su parte, desde el grupo municipal Compromís-Los Verdes censuraron que se vulnere la normativa en materia de Contratación. «Se está actuando contra los intereses de la ciudadanía e incluso contra la propia empresa a la que no se le da ninguna seguridad en el tiempo», lanzó el portavoz del grupo, Josep Bigorra, quien urgió al gobierno local a sacar a concurso el contrato en cuestión para evitar autorizar gastos que van contra la legislación.
