Muchas dudas, sorpresa y algún que otro reproche. El anuncio de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para contratar el proyecto de demolición de las dos torres del complejo Gemelos 28, edificado a escasos metros del mar en la Punta Llisera de Benidorm, fue acogido ayer con bastante escepticismo tanto por el gobierno local como por los propietarios de viviendas en este complejo. En líneas generales, las dos partes coincidieron en mostrar sus dudas de que el derribo prospere, a pesar de que sobre esta edificación pesa una sentencia del Tribunal Supremo que anula la autorización que la Generalitat concedió para ejecutar el proyecto. Y, en ambos casos, apuntaron al elevado coste que podría suponer la operación como causa principal.
Como ya avanzó ayer este diario, la Generalitat Valenciana ha sacado a licitación la redacción de un proyecto que marque las directrices técnicas para demoler las dos torres, que tiene un precio base de licitación de 84.700 euros, IVA incluido. Fuentes del departamento autonómico que dirige la consellera socialista María José Salvador, señalaron que este trámite es un primer paso para avanzar en la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, aunque reconocieron que todavía se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana indique cómo debería ejecutarse la misma; esto es, si hay que demoler y si esa demolición llevaría implícita una expropiación previa de las propiedades o cualquier otro tipo de compensación para los compradores que, en su día, adquirieron allí una casa de buena fe al tener el inmueble todos los permisos en regla.
Por lo pronto, el Ayuntamiento de Benidorm aseguró no haber recibido ninguna información por parte de la Conselleria al respecto de este proyecto, por lo que el alcalde solicitó a los técnicos del área de Urbanismo recabar datos para «saber cuál es su finalidad». Así lo confirmó el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, del PP, quien además afirmó que «lo primero que deberían decirnos es cuánto va a costar este derribo para poder saber si estamos tirando el dinero de ese estudio o si la cosa va a seguir adelante».
Toni Pérez recordó el proceso de expropiación iniciado por el Gobierno central en 2007 y que nunca llegó a buen puerto. Entonces, con la también socialista Cristina Narbona al frente, el Ejecutivo inició una cruzada para frenar la edificación y expropiar el solar que, dos años después, los abogados del Estado aconsejaron desestimar. Los edificios aún no estaban finalizados y el monto de la operación se estimó en unos 60 millones de euros, una cuantía que ahora, con los pisos acabados, vendidos y muchos habitados, podría ser todavía más elevada.
«Hay cosas más urgentes»
Sobre este asunto, el primer edil benidormense manifestó que «si derribar las dos torres va a costarle a la Generalitat lo mismo que terminar el Centro Cultural y el instituto Pere María Orts i Bosch, yo no tendría ninguna duda de cuál es la prioridad». Pérez lamentó que la contratación de este proyecto coincida con «un año en el que la Generalitat ha vuelto a recortar las ayudas a la Educación Infantil y al transporte escolar en Benidorm» y dijo que «quizás habría que abrir un debate social para ver qué nos molesta más o qué es lo prioritario y qué no». Por eso, exigió a la Generalitat que este derribo «se ponga a la cola, porque en Benidorm tiene cosas más urgentes que atender».
