La Generalitat Valenciana ha resucitado uno de los proyectos que más sombras ha generado en el urbanismo de Benidorm de las últimas tres décadas: las dos torres levantadas por el constructor Andrés Ballester en la Punta Llisera, a escasos metros del mar y que se comercializaron bajo el nombre de Gemelos 28. La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha sacado a licitación la redacción del proyecto de demolición de este complejo, como paso previo a la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, que en julio de 2012 anuló las licencias concedidas por la Generalitat en 2005 para edificar y dejó las torres fuera de ordenación, por ser contrarias a la Ley de Costas e invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre.
El presupuesto para la redacción de dicho proyecto está estimado en 84.700 euros, IVA incluido. Esa es la cuantía que el Consell ha fijado como precio base de licitación para encargar a una empresa que estudie la estructura del inmueble y marque las directrices técnicas de cómo ha de ejecutarse el derribo sin que se pueda causar ningún otro daño colateral: ni a edificaciones anexas ni al medio ambiente, según explicaron ayer a este diario fuentes de la Conselleria.
Ahora bien, el contrato para redactar este proyecto abre ahora un nuevo melón cuyas dimensiones, a fecha de hoy, todavía se desconocen. Fuentes del Consell explicaron que esta licitación es el «primer paso» para avanzar en la ejecución de la sentencia desde el punto de vista técnico. O, dicho de otra manera, una forma de «ir adelantando trabajo». Sin embargo, estas mismas fuentes reconocieron que aún se desconocen cuáles son los siguientes pasos que habrá que dar una vez esté redactado dicho proyecto. De hecho, según explicaron, los técnicos están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana indique el procedimiento a seguir y todos y cada uno de los mecanismos previos que legalmente se han de poner en marcha para llevar a cabo la demolición.
Propietarios afectados
Entre las cuestiones que hay que aclarar, una adquiere relevancia por encima del resto: ¿qué ocurrirá con los particulares que en su día compraron alguna de las 168 viviendas de este complejo si ahora se echa abajo? Cuando el Supremo dejó sin efecto las autorizaciones otorgadas por el Consell, los dos edificios no sólo estaban totalmente finalizados, sino que, además, alrededor de un centenar de apartamentos ya se habían vendido y, en muchos casos, se encontraban habitados por sus dueños.
Hasta ese momento, Gemelos 28 no sólo disponía de licencia urbanística, sino que, además, la promotora había ganado diversos pleitos que le daban luz verde para edificar las torres, a las que el Ayuntamiento también había concedido licencia de ocupación y cédulas de habitabilidad. De modo que muchos compradores adquirieron de buena fe pisos que salieron al mercado con precios de partida que, antes de la crisis, oscilaban entre los 460.000 y los 720.000 euros. Ahora, de continuar adelante con la demolición, podrían perder de la noche a la mañana estas propiedades.
Desde la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio no supieron concretar ayer si la Generalitat tendría que realizar una expropiación como paso previo al derribo o compensar de algún modo a estos particulares. Aunque hay que tener en cuenta que, cuando en 2007 el Gobierno central planteó una posible expropiación que dos años después desestimó, los promotores cifraron el monto de la operación en 60 millones de euros.
De otro lado, el Grupo Ballester, que edificó las torres y que aún tendría viviendas en el complejo, se encuentra actualmente en proceso de liquidación. En 2012, poco después de conocerse la sentencia del Supremo, la mercantil se vio abocada a solicitar un concurso de acreedores que, a fecha de hoy, todavía no se ha resuelto.
Y mientras, las sombras vuelven de nuevo a planear sobre estos dos gigantes de hormigón.
