El juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que investiga las supuestas contrataciones irregulares cometidas por el Ayuntamiento de Benidorm en los años 2010 y 2011, ha rechazado retirar la acusación contra el exconcejal de Recursos Humanos de la ciudad, el socialista Juan Ramón Martínez, que está investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa. Así se recoge en un auto, fechado el pasado 12 de septiembre y al que ayer tuvo acceso este diario, en el que el magistrado considera que, de momento, no procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo parcial de la causa, que en el mes de mayo solicitó la defensa del exedil.
En la causa, en la que se investigan supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, figuran como investigados el alcalde de la época, el también socialista Agustín Navarro; la antigua jefa de Personal y el exconcejal de Recursos Humanos.
Ente los motivos que aduce el juez para no atender la petición de Martínez figura el hecho de que todavía quedan por practicar otras diligencias relacionadas con la investigación. Además, apunta que se habría derivado por parte de «otros coinvestigados una supuesta responsabilidad del mismo en los hechos objeto de investigación, sin perjuicio de las manifestaciones exculpatorias» que el propio exedil realizó ante el juez «negando cualquier relación con los mismos».
La decisión, contra la que cabría recurso, atiende en parte la solicitud que ya realizó el pasado junio la Fiscalía, que, ante las alegaciones formuladas por la defensa, se opuso a la retirada de los cargos contra el exconcejal y al archivo de la causa. A su juicio, existían «indicios de comisión de un delito de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias» y consideraba que no era «el momento procesal oportuno» para acordar el sobreseimiento, dado que existen «numerosas diligencias de investigación pendientes de práctica (...) para el esclarecimiento de los hechos», como ya publicó en su día este diario.
La causa, declarada «compleja», se inició en el año 2013, cuando la Fiscalía pidió investigar al exalcalde tras una denuncia remitida por el sindicato SPPLB. Los hechos denunciados tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en 2010, de los que 43 fueron a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas. También, con la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios afines entre 2010 y 2011, entre otros motivos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario de 4,5 millones en el capítulo de Personal, según los informes de Intervención.
Inicialmente, el juez sólo imputó al entonces alcalde, Agustín Navarro. En enero de 2015, a raíz de la declaración como testigo del exedil de Personal atribuyéndose parte de la responsabilidad de los hechos, el magistrado decidió incluirlo como investigado junto a la entonces funcionaria responsable de este departamento. Sin embargo, meses después Martínez logró que el instructor anulara aquella declaración, lo que motivó a su defensa a solicitar el archivo de las diligencias. Sus representantes legales se apoyaban en varias testificales y pruebas documentales que, a su juicio, demostrarían que Martínez no participó en aquellos procesos selectivos ni de contratación de personal.
Este diario contactó ayer con Juan Ramón Martínez para conocer su opinión sobre la decisión judicial y saber si tiene previsto recurrirla. No obstante, el exedil dijo desconocer las novedades del proceso y confiar en las decisiones que hayan adoptado sus abogados al respecto.
