El Ayuntamiento de Benidorm atribuye al funcionario que denunció irregularidades en el programa de penados, que venía desarrollando la Administración local en colaboración con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, un presunto delito de «usurpación de atribuciones». Así consta en el decreto de Alcaldía, al que ha tenido acceso este diario, en el que se aprueba dar traslado a la Fiscalía de las «posibles irregularidades» que pudo cometer el trabajador en cuestión, que ejerce las tareas como criminólogo en el Consistorio, como ya adelantó ayer este diario.
Cabe recordar que este funcionario, el criminólogo, era el encargado de coordinar los servicios del programa de penados cuando, en diciembre del pasado año, remitió al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, un escrito en el que desvelaba una serie de hechos que, a su juicio, podían derivar en responsabilidades penales y civiles para los propios penados, así como para los funcionarios que supervisaban los trabajos. El trabajador relataba en su escrito supuestos casos de tráfico de drogas, acoso sexual y cohecho, que se habrían producido entre los años 2013, 2014 y la primera mitad de 2015.
Investigación interna
Tras la denuncia, el criminólogo dejó de coordinar los servicios, que quedaron a su vez suspendidos por el Ministerio del Interior a la espera de que se esclarecieran los hechos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento inició una investigación interna que ya se ha zanjado con la apertura de tres expediente disciplinarios contra el propio denunciante, y a su vez responsable de los servicios, por «las posibles irregularidades cometidas por el funcionario municipal respecto a los delitos usurpación de funciones o usurpación de atribuciones», así como a otros dos empleados vinculados al programa por «supuesto delitos dolosos relacionados con el servicio», según los documentos a los que ha tenido acceso este diario.
De hecho, uno de los trabajadores expedientados ya está siendo investigado en un juzgado ordinario por un «posible delito de acoso sexual» durante estos servicios que podría haberse producido en las instalaciones deportivas del Guillermo Amor, según se detalla en el documento. Por otro lado, al tercer trabajador sancionado por el Consistorio se le atribuye un «presunto delito contra la salud pública», como se concreta en el documento.
El portavoz del grupo Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, criticó la falta de transparencia del gobierno local en la investigación interna. «Llevamos meses preguntando por las gestiones que se han realizado al respecto y no se nos ha dado respuesta y ahora nos encontramos con que la investigación ha concluido», censuró.
