Benidorm no está dispuesto a dejar la joya de la corona en manos de cualquiera. Por ello, los pliegos de la contrata relativa a la gestión integral de sus playas, que en principio serán aprobados en el pleno de la próxima semana tras dos meses de negociaciones entre los diferentes grupos políticos, incluyen unos elevados requisitos económicos para las empresas que quieran optar al monopolio de los arenales de la capital de la Costa Blanca.
Entre las condiciones que más llaman la atención se encuentra el volumen de negocio anual que deben registrar las empresas aspirantes a adjudicarse este «macrocontrato». Nada menos que 3,5 millones de euros. Además, también se les exige que acrediten haber explotado más de 5.000 hamacas en playas urbanas en algún momento de los últimos cinco años.
No hay que olvidar que la UTE que finalmente se quede con esta gran contrata deberá gestionar por un periodo mínimo de cinco años, prorrogable a otros cinco, la totalidad de los servicios que aglutinan las playas de Benidorm: limpieza, salvamento y vigilancia, playas accesibles, entre otros. Todo ello, por el módico precio de salida de 322.000 euros al año.
La contrata está valorada en 2,3 millones de euros al año, pero a esta cifra hay que descontarle el coste de los servicios, que supera los dos millones de euros. El resultado de la operación son 268.000 euros, que es lo que las arcas locales deberían ingresar por esta «macrocontratación», según el criterio de los técnicos. No obstante, en la última reunión celebrada durante la mañana de ayer todos los grupos políticos acordaron elevar el canon en 54.000 euros para, de esta forma, incrementar el volumen de ingresos que el Ayuntamiento percibirá por la explotación de las hamacas, como explicaron fuentes municipales a este diario.
Garantía provisional
Además, la empresa que quiera optar a adjudicarse la contrata deberá presentar una garantía provisional de algo más de un millón de euros. Una medida para evitar que se presenten firmas sin solvencia, explicaron desde el gobierno local.
Cuantía del contrato
La existencia de un informe a fecha del 5 de septiembre del secretario municipal en el que considera que «no está suficientemente justificada la cuantía del contrato, al faltar estudios económicos que la fundamenten», al que tuvo acceso este diario, hizo saltar las alarmas ayer a algunos grupos de la oposición, aunque desde el gobierno local aclararon que se trata de un documento que «no es preceptivo» y que además se realizó durante el proceso de negociación de los pliegos de condiciones. Asimismo, indicaron que en la reunión celebrada ayer los técnicos aclararon que los precios se han establecido a partir del cálculo de la anterior contrata junto con la subida realizada sobre la misma.
El portavoz del gobierno local del PP, José Ramón González de Zárate, consideró que se ha exigido el máximo nivel de exigencia y solvencia a las empresas porque «nuestras playas son lo más importante». Ante las dudas puestas encima de la mesa durante la reunión de ayer sobre que el concurso pueda quedar desierto, el representante popular descartó esta opción al entender que se trata de una oferta clave.
