Un nuevo capítulo en la larga trama que envuelve desde hace más de un año la gestión del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Después de que la pasada semana el Ayuntamiento celebrara un pleno extraordinario para desalojar, en ocho días, a la empresa que explota el gimnasio y la piscina cubierta de la citada instalación municipal, la mercantil sigue al frente del servicio pese a que el plazo vence hoy. El recurso de reposición presentado «in extremis» por la concesionaria para frenar su desahucio obligó ayer a la autoridad municipal a dar marcha atrás y abrir un nuevo periodo para estudiar si se puede adoptar la medida de expulsión antes de desestimar la petición de la mercantil en sesión plenaria, como explicó ayer a este diario la edil de Contratación, Lourdes Caselles.
En cualquier caso, la empresa seguirá al frente, al menos por ahora, de los servicios. Un hecho que, por otra parte, garantiza la continuidad de los mismos puesto que, de haberse desalojado, el funcionamiento de la piscina y el gimnasio habría quedado en el aire puesto que el Ayuntamiento estudia ahora, a marchas forzadas, cómo asumir la gestión de ambas instalaciones.
En el recurso presentado por la mercantil Levantina de Servicios Acuáticos SL, al que ha tenido acceso este diario, se solicita que el Ayuntamiento revoque la decisión sobre su desahucio al señalar, entre otras cosas, que está al corriente de los pagos a sus trabajadores o haber abonado de forma íntegra el canon por la concesión. Los incumplimientos de ambas cuestiones son algunas de las causas que motivaron la orden de resolver el contrato. Una decisión que, además, ha sido avalada por un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), como ya publicó este diario.
Perjuicio al usuario
Más allá de eso, en el documento también se ahonda en la cuestión del plazo dado por el Ayuntamiento a la mercantil para abandonar la gestión, ochos días. «Se trata de una situación compleja: No se trata de un simple desalojo de las instalaciones, pues hay que preservar los derechos de los usuarios y los trabajadores», se expone en el recurso a la vez que se indica que «existen unos compromisos adquiridos con los usuarios del servicio que deberán ser informados y con los que se han contraído obligaciones que no van a ser atendidas ni por mi representada si es desalojada, ni por el propio Ayuntamiento al carecer por ahora de los medios humanos y materiales».
Por todo ello, el abogado de la empresa concesionaria, Luis Bajo, insistió ayer en que están abiertos a la negociación y el diálogo con el Ayuntamiento para alcanzar un acuerdo y evitar daños a usuarios o trabajadores.
A principios de este año el Ayuntamiento ya intentó desahuciar a la empresa pero, finalmente, el proceso se judicializó y esto impidió el cumplimiento. La caducidad del procedimiento y su posterior reinicio han ido postergando un desalojo cuya fecha sigue en el aire.
