El Ayuntamiento de Benidorm aprobará el próximo lunes en comisión de Hacienda un nuevo gasto relativo a la polémica tasación de la estación de autobuses de la ciudad, que sigue en manos del empresario alicantino Enrique Ortiz pese a la orden judicial que obliga a resolver el contrato de explotación desde hace cuatro años. Para dar este paso, el Consistorio debe determinar el coste real de la terminal. Una cifra que, a día de hoy, todavía no está clara y para la que se pagará algo más de 7.000 euros a una empresa externa con el fin de conocer el coste real de su construcción.
No hay que olvidar que las diferentes irregularidades urbanísticas detectadas durante la construcción del complejo de la estación de autobuses de Benidorm, que incluye un hotel y un centro comercial, motivaron al Tribunal Supremo a obligar al Consistorio benidormense a apartar a Ortiz de la gestión de la terminal. Pero la ausencia de acuerdo sobre el coste de la infraestructura ha encallado la situación. El arquitecto municipal realizó una tasación de la terminal en la que fijaba su precio en 35,5 millones de euros. Una cifra que rebajó el interventor.
Este mismo verano, un técnico externo avaló la valoración del arquitecto municipal. No obstante, desde la agrupación Ciudadanos (C's) cuestionaron el informe y solicitaron un nuevo estudio. Una petición que fue aprobada en el pleno del pasado mes de agosto con el voto favorable de la mayoría de grupos de la oposición y que costará 7.163 euros a las arcas locales, según ha podido saber este diario.
El nuevo estudio se tratará, por tanto, del cuarto informe sobre el coste de la estación de autobuses tras las valoraciones enfrentadas del arquitecto municipal y el interventor y la del técnico externo contratado para realizar tasaciones. Una vez establecido el precio definitivo de la misma se podrá fijar la cantidad que se devolverá a Ortiz a modo de indemnización por la rescisión del contrato.
