La construcción del Palau d'Esports Costa Blanca-Vila d'Altea a principios del año 2007, cuando gobernaba el PP, con un sobrecoste de 1,8 millones de euros está generando actualmente una polémica entre los populares y el equipo de gobierno municipal formado por la coalición Compromís-PSOE-Altea amb Trellat tras aprobarse en el pleno municipal del pasado día 1, con los votos en contra del PP, que el Ayuntamiento inicie «acciones legales para dirimir responsabilidades por las posibles irregularidades en la licitación y los sobrecostes del Palau dels Esports». Según el concejal de Hacienda, Pere Lloret, esta denuncia supone «poner en manos de la Fiscalía y de la Sindicatura de Cuentas todos los datos sobre la construcción del recinto deportivo pues el presupuesto de la obra era de 4,6 millones y se le adjudicó a la UTE Sociedad Anónima Agricultores de la Vega-Viala-Valfrica por 700.000 euros más». A este sobrecoste se le suma «la reclamación al Ayuntamiento por parte de la adjudicataria de los intereses de demora valorados en 1.049.000 ?».

Ayer, el grupo municipal popular contraatacó estas acusaciones y anunció que «vamos a denunciar al equipo de gobierno por malversación de fondos públicos por un importe de 1.049.160,39 euros, la cantidad exacta que deberá abonar el equipo de gobierno de Jaume Llinares a la empresa Agricultores de la Vega SA por una deuda ya extinguida en el año 2012, de acuerdo con el auto de fecha 23 de febrero de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante». Según los populares, la deuda proviene «de los intereses por facturas de finales del 2007 que se pagaron en junio del 2012 con el Plan de Proveedores. De acuerdo con este Plan, el pago a los proveedores conllevaba la extinción de la deuda contraída por el principal, intereses, costas judiciales y otros gastos accesorios». El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Altea, Pedro Barber, señaló que su grupo llevará el caso al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía «para que se devuelva hasta el último euro por los responsables de pagar una deuda ya extinguida». Según el edil, el equipo de gobierno «tendrá que explicar a cambio de qué, o de qué favores le van a pagar a Agricultores de la Vega más de un millón de euros por una deuda ya extinguida, mientras que empresas como FCC, Telefónica o Iberdrola han reclamado los intereses de sus deudas pagadas con el Plan de Proveedores y han sido rechazadas».

El alcalde de Altea afirmó ayer que el PP «se ha superado a sí mismo en su lucha particular con la realidad. Denuncia hechos antes de que pase y ha inventado la denuncia preventiva». Jaume Llinares remarcó que «todos conocemos el asunto que genera esta reacción del PP: la licitación y ejecución del Palau dels Esports adjudicada a la empresa Agricultores de la Vega en 2006 cuando gobernaba el PP con un proceso plagado de irregularidades a nuestro entender. Es realmente increíble que el PP sugiera ahora que el actual gobierno municipal tiene alguna contraprestación pactada con la empresa agraciada por ellos mismos en la concesión del pabellón deportivo». Llinares insistió en que «nos opondremos al abono de los intereses de demora y actuaremos para proteger los intereses de los alteanos. El PP confunde a la gente utilizando mentiras y juegos extraños».