Restaurar la legalidad urbanística en la zona de Punta Llisera después de que, a principios de este año, el Ayuntamiento de Benidorm se viera obligado a paralizar unas obras desarrolladas frente al mar por los residentes de Gemelos 28 de forma irregular. Tras el frenazo inicial de las mismas, ahora el área municipal de Urbanismo trasladará una notificación a los vecinos de estas torres para ordenar la demolición de estas obras, según se expone en un decreto rubricado por la edil responsable del citado departamento, Lourdes Caselles, al que ha tenido acceso este diario.
Los vecinos de estas polémicas torres que, por otra parte, han sido objeto de varios litigios llegando incluso a ordenarse su demolición al estar ubicadas a escasos metros del mar, pretendían acondicionar un camino desde sus bloques hasta la cala de la Almadrava. De hecho, como puede observarse en las fotografías que acompañan a esta noticia, todavía permanecen en la zona de Punta Llisera los restos de las obras en las que pueden adivinarse los peldaños de unas futuras escaleras que hubieran permitido la creación de un acceso peatonal.
Unos trabajos para los que el Ayuntamiento de Benidorm no otorgó ningún tipo de licencia y que, después, el Arquitecto Municipal consideró que no eran legalizables, como se apunta en el decreto al que ha tenido acceso este diario. «No son legalizables las obras de construcción de obra de peldaños de escalera y colocación de ladrillo para formación de camino de acceso peatonal, ubicado en el límite interior de servidumbre de tránsito según resolución de Costas», se expone en el documento.
Un futuro mirador
Así las cosas, se obliga a los propietarios a «limpiar» esta zona de dominio marítimo terrestre de los restos de las obras que todavía permanecen en esta parte de la ciudad turística. Un enclave, por otro lado, de elevado interés por las vistas que ofrece. De hecho, esta misma ubicación debería albergar un mirador. Un proyecto que nació en 2011, cuando el promotor del mismo depositó en el Ayuntamiento un aval de más de un millón de euros para las obras. Aunque aún no se han iniciado por cuestiones burocráticas.
Independientemente de esta cuestión, ahora el Ayuntamiento ha ordenado a los vecinos que derriben los restos de su particular acceso fallido al mar, una actuación que permitirá reestablecer la legalidad urbanísitca en la zona al estar afectada por la Ley de Costas. No obstante, se concede a los vecinos un plazo de diez días para presentar alegaciones si lo consideran necesario. Con todo, Caselles advirtió de que, si los vecinos no actúan, lo hará el Ayuntamiento de forma subsidiaria.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal Compromís - Los Verdes, Josep Bigorra, criticó la lentitud a la hora de trasladar a los vecinos la obligación de demoler los restos de las obras. «Nos hubiera gustado que se tomase la decisión un poco antes», lanzó el edil a la vez que fue más allá y lamentó los retrasos que se dan en los expedientes urbanísticos, como las inspecciones de las viviendas de la zona de Armanello. Con todo, Bigorra valoró de forma positiva la orden dada a los vecinos en aras de preservar el dominio público.
