Una vuelta de tuerca más a la polémica que este verano se ha desatado en Altea. La Asociación de Hosteleros (Hospal) presentó esta semana un escrito al Ayuntamiento -al que ha tenido acceso este periódico- en el que solicitan la dimisión del concejal de Infraestructuras, Roque FerrerRoque Ferrer.
Como se recordará, el Ayuntamiento decidió aplicar la ordenanza que regula la ocupación de la vía pública hace semanas atrás, en plena temporada estival, reduciendo así la superficie de las terrazas tanto en el Casco Antiguo como en el paseo marítimo.
Concretamente, los hosteleros exigen «la paralización de esta situación y la destitución de sus competencias del concejal de Infraestructuras», responsable del área que regula la ordenanza. Además, piden «una reunión con carácter de urgencia con el alcalde exclusivamente, que es el máximo responsable y quien tiene poder y potestad para poder paralizar esta situación, ya que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo».
El presidente de Hospal, Vicente Orozco Ausias, señaló ayer que lejos de mejorar la situación ha empeorado y denunció que las sanciones a los establecimientos continúan, como las que se efectuaron, según afirmó, ayer mismo por la noche. En el escrito, la asociación critica las formas en que se está llevando a cabo la aplicación de la ordenanza: «Haber empezado esta campaña con la Policía Local, actuando a horas de máxima afluencia de clientes en los comercios, parece más una redada que un control de cumplimiento de las licencias, que aún no se han concedido ni notificado».
Orozco insistió en este último aspecto y apuntó que «a día de hoy los propietarios de los establecimientos no hemos recibido la notificación de la superficie de terraza que tenemos autorizada ni la tasa que debemos pagar», por lo tanto todavía no se ha abonado este concepto Ayuntamiento.
Los hosteleros también solicitan también, tal como indicó el presidente de la asociación, que «se cree a partir de octubre un equipo común, entre asociación y Ayuntamiento, para redactar una nueva normativa adecuada a la realidad, y estudiando en común la generalidad y caso por caso para tener una visión real y consecuente de cada comercio».
Cumplimiento
«Reiteramos que no estamos en contra de cumplir con la ley sino que queremos que haya consenso, que esta ordenanza sea de igual cumplimiento para todos los establecimientos hoteleros del municipio y se ponga en marcha de cara a 2017», subrayó Orozco.
«No es lógico que el 29 de junio se empiece a aplicar, reduciendo la ocupación de terrazas concedidas en años anteriores, las previsiones de los establecimientos están preparadas respecto a lo que al mobiliario y personal concierne, y con esta aplicación rompe muchos esquemas de trabajo y destroza inversiones realizadas», explicaron desde la Hospal.
Este periódico intentó ponerse en contacto en varias ocasiones ayer con el edil de Infraestructuras sin recibir respuesta. En el momento en que se dio a conocer la polémica y tal como recogió este periódico, el concejal señaló que estaba a favor de mantener la actual ordenanza.
Pacto por la convivencia
Con todo, desde el Ayuntamiento de Altea emitieron este viernes un comunicado en el que se anuncia la intención de poner en marcha un «Pacto por la Convivencia y la Accesibilidad», a través del cual se creará una mesa de trabajo permanente con representación de la hostelería y el comercio, las asociaciones de vecinos, cívicas y las que trabajan en el campo de la diversidad funcional. Mientras, sostiene el Consistorio, «en necesario continuar respetando la normativa vigente, con una primera inspección informativa y, en caso de contravenir la norma, con la aplicación de los supuestos descritos en la ordenanza».
«Desde el equipo de gobierno se está absolutamente convencidos que una imagen ordenada -sea cual sea la época en que se inicio su regulación- repercutirá positivamente en los ingresos del sector porque el objetivo no es perjudicar nadie sino beneficiar el conjunto de la sociedad alteana y buscar vías de consenso siempre que sea posible», manifestaron fuentes municipales a través del citado comunicado.
A pesar de ello, las relaciones entre Ayuntamiento y hosteleros no parecen mejorar ya que estos últimos demandan que se paralicen «de inmediato» las sanciones impuestas en el cumplimiento de la normativa en las últimas semanas.
