A pocos días de la celebración del mayor evento del verano en Altea, el Castell de l'Olla, y en plena temporada estival, el Ayuntamiento aplica la ordenanza de ocupación de vía pública y obliga a los hosteleros a reducir la superficie de sus terrazas. La Asociación de Hosteleros por Altea (Hospal) denunció ayer el perjuicio que esta medida está causando a los establecimientos, que, según subrayaron, «son el motor económico del municipio».
Un mes y medio atrás, según informó el presidente del colectivo, Vicente Orozco Ausias, se advirtió a los hosteleros de la entrada en vigor de la normativa reguladora de ocupación de la vía pública, que se aprobó en 2009 y que hasta el momento no se había aplicado. La medida que se comenzó a ejecutar en el Casco Antiguo hace una semana, según informaron desde Hospal. Por el contrario, el concejal de Infraestructuras, Roque Ferrer, explicó que la puesta en marcha de la ordenanza comenzó ya hace varias semanas, en el mes de julio. «La Policía Local está trabajando por zonas, no podemos inspeccionar todo el municipio a la vez, hemos comenzado por el Casco Antiguo y seguiremos posteriormente por la franja litoral de la localidad», manifestó.
«El anterior equipo de gobierno del PP y Cipal no hacía cumplir la normativa y permitía a los establecimientos sobrepasar el límite para las terrazas. Así los hosteleros fueron adquiriendo "unos derechos" que no le corresponden», aseguró Ferrer, quien incidió en que el Ayuntamiento «se limita a cumplir la ordenanza».
El hecho de la reducción de las terrazas se lleve a cabo en este preciso momento provoca, según advirtió Orozco, graves perjuicios para el sector, ya que los hosteleros se ven abocados a la reducción de plantillas, previamente planificadas, al suprimirse la cantidad de mesas que atender.
«Hemos solicitado que la aplicación de la ordenzan se retrase, como mínimo, al mes de septiembre, que entonces nos sentemos a negociar y lleguemos a puntos de acuerdo pero no quieren escucharnos», explicó el máximo responsable del colectivo. «Estamos de acuerdo en que hay una ocupación excesiva de las terrazas pero no podemos aceptar que esta medida entre en vigor en plena temporada, con la planificación de las plantillas de trabajo ya cerrada», insistió el presidente.
Los hosteleros propusieron al Ayuntamiento la creación de una placa identificativa en los establecimientos que indicara la ocupación permitida y otras características de los locales. Una iniciativa que, según Hospal, tampoco se tuvo en cuenta.
Diálogo
«Diálogo sí que tuvimos, de hecho acordamos comenzar a aplicar la ordenanza después de Pascua, pero para los hosteleros ningún momento es bueno», afirmó el concejal, quien detalló que «ésta época es precisamente cuando más turistas se concentran en el municipio y también tienen que poder transitar sin problemas, algo imposible dada la alta ocupación de la vía pública, que debe tener un límite».
El edil determinó que existen dos soluciones: «O hacer cumplir la ordenanza o modificarla». Sobre este asunto declaró que el equipo de gobierno considera «razonable» la actual normativa y no prevé realizar cambios sobre la misma. «Existen casos en los que los establecimientos hosteleros no han ni siquiera solicitado el permiso para la ocupación de la vía pública y no entiendo cómo la asociación apoya este tipo de acciones», agregó el concejal.
Multas de hasta 4.500 euros se llegaron a imponer en tres días y en muchos casos se ordenaron reducciones del 50% de las terrazas esta semana, según denunciaron desde Hospal. Por su parte, el edil de Infraestructuras no entró a valorar estas cifras y explicó que el Ayuntamiento actúa en cada caso de forma particular.
Medidas
De momento, y en plena polémica desatada en cuanto a la reodenación de las terrazas, los hosteleros anunciaron que están recogiendo firmas, tanto de clientes como de proveedores, para solicitar que se paralice la medida. De momento, descartaron movilizarse ante la elevada carga de trabajo en la semana de mayor ocupación del verano.
Altea sigue la estela de Benidorm que pocos meses atrás inició la reordenación de los veladores en las calles más céntricas de la ciudad. Entonces la capital de la Costa Blanca tomó la delantera en poner coto a la polémica de la ocupación excesiva de la vía pública, una problemática que sigue pendiente de solución en Elche o Alicante.
