A vueltas con el valor de la polémica estación de autobuses de Benidorm. El grupo municipal Ciudadanos (C's) cuestionó ayer la valoración realizada por un técnico externo al Ayuntamiento que corroboraba el precio que fijó en su momento el arquitecto municipal, 35 millones de euros, tras los reparos mostrados por el interventor del Consistorio que rebajaba la cifra.

La disparidad de criterios llevó al gobierno municipal a solicitar una valoración externa que, finalmente, dio la razón al arquitecto municipal. Una consideración, conocida la pasada semana, que no ha terminado de convencer a l os ediles de C's, que ahora reclaman que una empresa homologada por el Banco de España lleve a cabo una nueva tasación de la infraestructura.

Esta cantidad será la que el empresario Enrique Ortiz se embolsará una vez que el Ayuntamiento rescinda la concesión otorgada al polémico constructor, como ordenó un juez al detectar diferentes irregularidades urbanísticas en la construcción de la estación. Una cifra que deberá pagar la nueva empresa que asuma la gestión de la misma, cuando el Consistorio saque a licitación su explotación. De ahí que desde el grupo municipal C's consideren necesario contar con otros estudios que profundicen en el coste real del proyecto. «Sólo contamos con una mera estimación del proyecto hecha por el arquitecto municipal, y un informe externo que la avala sin haber realizado ninguna tasación real del coste de la obra, cuando lo que hay tener en cuenta a la hora de calcular la indemnización a pagar es esa tasación», lanzó ayer el edil de C's, Juan Balastegui, quien apuntó que «para la obra ilegal sólo hay que indemnizar el coste real, no el valor actual de la concesión, algo que no tienen en cuenta los informes de los arquitectos».