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Benidorm intenta que el Estado asuma la devolución de las tasas de la subzona C

El TS admite a trámite la reclamación del Ayuntamiento para declarar «error judicial» la sentencia

Los vecinos de la subzona C, en una protesta. david revenga

El Ayuntamiento de Benidorm busca un resquicio legal para que el Estado asuma el desembolso de cerca de 300.000 euros al que le obliga el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por las obras de la subzona C. La alta sala dictaminó, en diciembre del pasado año, que el Consistorio benidormense debía devolver las contribuciones especiales abonadas por 13 vecinos durante la ejecución de las obras de urbanización de esta parte de la ciudad. No obstante, el gobierno municipal del PP considera que esta sentencia, en concreto, es errónea, ya que en el resto de procedimientos abiertos por vecinos con idéntica problemática, el juez falló a favor de la Administración local.

No hay que olvidar que la actuación para urbanizar esta zona de la ciudad afectó a más de un centenar de vecinos y generó una serie de sobrecostes que, finalmente, elevaron el importe en concepto de tasa especial que cada propietario debía abonar a la Administración local. De ahí que la gran mayoría de los vecinos acudieran a los tribunales para exigir la devolución de lo que, en su momento, pagaron por las obras. La justicia fue fallando siempre a favor del Ayuntamiento hasta el pasado mes de diciembre, cuando el TSJ se pronunció a favor de 13 vecinos, lo que obligaba al Ayuntamiento a reembolsar las liquidaciones de estas tasas.

Ante la anómala situación, el Ayuntamiento pidió al TSJ la nulidad de la sentencia para evitar el desembolso que traía aparejado. Algo que fue rechazado por el tribunal el pasado mes de abril. Finalmente, hace un par de semanas el Ayuntamiento anunció que sí devolvería las liquidaciones definitivas de las tasas a estos 13 vecinos. No obstante, el gobierno popular ha interpuesto una reclamación ante el Tribunal Supremo (TS) para que declare como «error judicial» la sentencia que obliga a la devolución de estas contribuciones. Una petición que, de hecho, ha sido admitida a trámite, como confirmó ayer la edil de Hacienda, Lourdes Caselles.

Ahora comienza un nuevo periplo legal para dilucidar si la sentencia del TSJ, que obliga al Consistorio a devolver el importe de las tasas a 13 vecinos, se trata de un error. Si finalmente el TS da la razón al Ayuntamiento, los vecinos no dejarán de recibir el importe pero la diferencia es que la cantidad que se les debe será costeada directamente desde el Estado. De esta forma, las arcas locales no tendrían que asumir el desembolso.

Los vecinos afectados señalaron ayer que van a personarse en la causa para defender que la sentencia que les da la razón no se trata de un «error judicial». Por otra parte, manifestaron su disconformidad en lo relativo a la cantidad que les va a devolver el Consistorio, fijada en 300.000 euros. Los residentes elevan la cifra a 560.000 euros, al incluir también las liquidaciones provisionales de las tasas. «Hacen una interpretación interesada de la sentencia», consideraron desde el colectivo.

Por su parte, Caselles justificó que la decisión de rebajar la cifra a 300.000 euros, esto es el importe por las liquidaciones definitivas, es porque así lo indican los dictámenes solicitados a la Universidad de Alicante (UA), así como por un conocido despacho de abogados.

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