35,5 millones de euros. Ese es el coste que, según un técnico externo, tiene la estación de autobuses de Benidorm, una valoración que hasta ahora había mantenido paralizado el expediente para legalizar la concesión que todavía sigue en manos del polémico constructor Enrique Ortiz, pese a la sentencia en contra del Supremo. El gobierno local de Benidorm, del PP, expuso ayer a los grupos de la oposición el informe elaborado por este experto, contratado por el Consistorio mediante concurso público para realizar distintas tasaciones, y cuyas conclusiones ratifican, punto por punto, la que ya hizo en 2014 el arquitecto municipal y que meses después cuestionó el interventor.

Saber realmente el coste de la edificación era un trámite fundamental para poder seguir adelante con el acuerdo al que llegó con el propio empresario el anterior gobierno local, la coalición del PSOE y Liberales, y que pasaba por rescindir de mutuo acuerdo el contrato para la explotación de la estación para sacar de nuevo a concurso la terminal.

Con este informe sobre la mano, el Ayuntamiento de Benidorm tiene previsto retomar el expediente y llevar al pleno del próximo mes de septiembre la nueva licitación de la estación y, con este trámite, legalizar todo el exceso de obra en el que en su día incurrió Enrique Ortiz, tanto en el hotel anexo como en el centro comercial. De hecho, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, afirmó ayer que el Ayuntamiento ya tiene redactado el proyecto de legalización de todas las infracciones urbanísticas, a la vez que recordó que la empresa que se haga con la adjudicación deberá abonar a Ortiz el coste de la obra que todavía no se haya amortizado, y que en su día el arquitecto municipal valoró en unos 28 millones. En el caso de que el concurso quedara desierto, el constructor implicado en distintas tramas de corrupción seguiría al frente de la terminal, pero ahora ya con toda la obra regularizada.

Actualización de tarifas

Otro de los trámites que la junta de portavoces acordó ayer fue iniciar la actualización de tarifas por la utilización de la estación, ya que las actuales datan de 2004. Esta tarea que se realizará a través de una contratación externa, según afirmaron ayer fuentes municipales.

Asimismo, los representantes de todos los grupos con representación municipal también acordaron ayer iniciar una ronda de reuniones con distintos técnicos del Ayuntamiento para evaluar y estudiar con detalle los tres pliegos que la oposición forzó al PP a retirar del pleno el pasado lunes: el de mantenimiento de parques y jardines, el de limpieza de edificios públicos y el de las playas.