Benidorm iniciará en septiembre la licitación de la estación de autobuses

El informe externo encargado por la Junta de Portavoces considera la licitación "totalmente correcta"

30.07.2016 | 01:00

El gobierno local de Benidorm llevará al pleno del próximo mes de septiembre la licitación de la estación de autobuses de la ciudad, una vez que ya dispone del informe externo que debía determinar si la tasación realizada en 2014 sobre la infraestructura era correcta o no.

Así lo ha anunciado hoy, en declaraciones a Efe, la concejala de Urbanismo y Contratación, Lourdes Caselles.

El referido informe fue encargado tras acordarlo la Junta de Portavoces ante las dudas planteadas en su día por el departamento de Intervención sobre la valoración hecha por el arquitecto municipal. El informe externo, al que ha tenido acceso Efe, considera "totalmente correcta" la cuantificación económica de la indemnización a obtener, estimada en 35.450.948,92 euros.

El firmante del informe sostiene también que, en su opinión, "se han aplicado de forma adecuada los principios y criterios de valoración, así como el método del coste".

De esta forma, la corporación municipal ya puede comenzar la licitación y acatar la sentencia del Tribunal Supremo en este sentido, que establecía que "la actual concesión no se corresponde con el concurso por el que en su día se adjudicó", ha explicado Caselles.

El actual adjudicatario de la estación de autobuses es el empresario Enrique Ortiz, aunque la infraestructura adolece desde su construcción de un exceso de volumen edificado tanto en el hotel anexo como en la superficie destinada a uso comercial.

El ayuntamiento ya tiene en su poder el proyecto de legalización de todas las infracciones urbanísticas, según la concejala, quien ha avanzado que la empresa que se haga con la adjudicación "deberá pagar un dinero, aún no determinado, porque se encuentra con una obra hecha cuyo plazo de amortización no ha terminado".

Dicho montante se fijará una vez se resten del valor de la tasación algunos aspectos como la actualización de tarifas, el procedimiento sancionador o el proyecto de legalización.

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