El proyecto para habilitar un nuevo rastro en uno de los márgenes de la avenida de la Comunidad Valenciana ha estado salpicado por la polémica desde que saltó a la luz pública. A finales de 2014, la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat dio autorización para su implantación, después de que los técnicos municipales informaran favorablemente la licencia ambiental, aún bajo gobierno municipal del PSOE y sin que el proyecto trascendiese más allá de los despachos del Consistorio. Desde el minuto uno, la asociación de comerciantes Aico mostró su rechazo frontal y ha batallado para intentar frenar el proyecto, que sus promotores defienden alegando que sería un importante foco de atracción turística. R. P.
