El Ayuntamiento de Finestrat tendrá que hacer frente a una sentencia sobre la construcción del parking público de «El Fondo» en la que la mercantil reclama al Consistorio 309.526,84 euros en intereses de demora por el retraso en los pagos de las certificaciones durante su construcción, en la época del gobierno del PSOE.
La empresa Aparcamiento Finestrat UTE interpuso una demanda contra el Ayuntamiento por ese motivo. En 2015 esa sentencia fue firme condenando al Consistorio a pagar 232.248,17 euros además de 69.600 euros para «intereses legales devengados y costas de la ejecución». Además se suman otros 7.678,67 euros por otros conceptos y costas, lo que hacen ese total de 309.526'84 euros.
Para dar cumplimiento a la sentencia, se ha llegado a un acuerdo extrajudicial con la mercantil para liquidar la deuda de forma fraccionada. Así se ha acordado un calendario de pagos con el que se hará frente a la cantidad total en siete meses con un importe de 44.218,12 euros, siendo el último pago en diciembre.
El concejal de Hacienda, Víctor Darío Llinares, indicó que con esta sentencia «el Ayuntamiento tiene que hacer frente ahora a más de 300.000 euros porque el gobierno del PSOE, que fue quien construyó el aparcamiento público, no hizo sus deberes».
El parking comenzó a construirse a finales de 2005 y se finalizó en abril de 2007. La obra contaba con un presupuesto inicial de 2.573.688 euros. Sin embargo, se produjeron dos modificados de la misma que dejaron el precio total de la obra en 4.088.386 euros.
El concejal del área argumentó que «el aparcamiento público acabó costando a las arcas municipales más de 9,7 millones de euros cuando el precio inicial era de poco más de 2,5 millones». Además, apuntó el edil, «hay que sumar esta sentencia que sumara otros 310.000 euros a ese precio total del aparcamiento público».
Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, José Alfons Llorca, defendió ayer la gestión de su partido al frente del Consistorio en lo relativo a la construcción del citado aparcamiento. Así, el representante del PSOE señaló que desde el año 2007 se han venido sucediendo diferentes gobiernos del PP en la localidad por lo que los modificados que se realizaron en el proyecto debían haber sido abonados en su momento por ejecutivos populares. De esta forma, Llorca quiso librar de responsabilidades a su formación tras las acusaciones lanzadas desde el actual equipo de gobierno popular.
