La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ve con buenos ojos la posibilidad de otorgar al Ayuntamiento de Benidorm una concesión administrativa para que gestione el solar de la primera línea de la playa de Levante donde hasta el pasado miércoles se alzaba la vivienda que en su día perteneció a José Martínez Alejos. Así lo aseguraron ayer fuentes de este departamento, que señalaron que, una vez demolido este emblemático inmueble, «dicho solar podrá convertirse en un espacio público para los ciudadanos, pudiendo el Ayuntamiento darle un uso público inherente al dominio marítimo terrestre, bajo la figura de una concesión administrativa».
Como contó ayer este diario, el Servicio Provincial de Costas echó abajo el pasado jueves esta vivienda, obra del afamado arquitecto Juan Vidal Ramos y que era una de las pocas residencias de veraneo construidas en la primera línea de playa entre finales del siglo XIX y mediados del XX que todavía quedaba en pie. Sobre la misma, pesaba desde el año 2003 una sentencia en firme del Tribunal Supremo, que falló favorablemente a la orden de derribo dictada por Costas en 1991, cuando inició los trámites para retirar la concesión que entonces disfrutaba el empresario Juan Ferri.
A pesar de esta sentencia, distintos gobiernos municipales intentaron en los últimos años hacerse con la concesión, principalmente para evitar la desaparición de la casa por su valor sentimental y como elemento patrimonial.
Desde la Dirección General de Costas reconocieron que, hasta la fecha, no se había procedido a la demolición del inmueble «ya que el Ayuntamiento de Benidorm había manifestado reiteradamente su interés en mantener la vivienda para destinarla a algún tipo de uso público». No obstante, afirmaron que esta vía «no ha sido posible, ya que se emitió un informe por los servicios jurídicos del Estado indicando que la edificación debía demolerse en cumplimiento de las sentencias citadas».
Fuentes de este organismo también recordaron que, a mediados del pasado mes de mayo, la vivienda fue «violentada y habitada por okupas, que hubo que desalojar tras un complicado proceso de desahucio, unido a las quejas de los vecinos y de los usuarios del hotel cercano sobre las molestias causadas». Por un lado, por la «insalubridad que tenia tanto el edifico como la parcela, lo que había dado lugar a que proliferaran roedores»; por otro, porque la situación estructural era de «absoluta precariedad» y comportaba «riesgo de accidente a posibles ocupantes», motivo por el que tuvo que ser tapiada y por el que, finalmente, les llevó a ordenar la demolición.
Costas insistió en la «imposibilidad manifiesta de que pudiera ser rehabilitada y utilizada por el Ayuntamiento, por los riesgos que pudiera ocasionarse a las vidas humanas». Y abrió la puerta a que, a partir de ahora, se inicie un proceso para ceder el solar al Consistorio para crear un espacio público.
