Patrimonio inmueble

Costas echa abajo una casa emblemática en la primera línea de playa de Benidorm

La vivienda, que fue de José Martínez Alejos, era una de las pocas residencias de veraneo del siglo pasado en pie

05.07.2016 | 00:16

Sobre la misma pesaba desde 2003 una sentencia de derribo del Supremo. El Ayuntamiento reclama la concesión del suelo.

Una pala excavadora puso ayer fin a un capítulo de la historia de Benidorm con la demolición de la vivienda que, en su día, fue residencia de veraneo del presidente de la Diputación Provincial entre los años 1939 y 1949, José Martínez Alejos. A las ocho de la mañana, y según fuentes municipales sin notificación ni aviso previo, la Dirección General de Costas inició el derribo de esta emblemática edificación, ubicada en la primera línea de la playa de Levante y de titularidad pública al estar incluida dentro de la zona de servidumbre marítimo-terrestre, por decisión del propio Martínez Alejos cuando se llevó a cabo el primer deslinde de la costa.

Representaba uno de los últimos chalés de veraneo que se construyeron en la ciudad entre finales del siglo XIX y mediados del XX y, según relataron ayer fuentes conocedoras de la historia de esta vivienda, fue obra del alicantino Juan Vidal Ramos, arquitecto que construyó el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante y otros edificios emblemáticos de la capital, como la casa Lamaignere, la casa Carbonell, la casa del Socorro y el antiguo Hospital Provincial.

Su conservación corría peligro desde hace casi dos décadas, por falta de mantenimiento y por sentencias en firme. En 1991, Costas revocó la concesión que desde 1983 disfrutaba el polémico empresario Juan Ferri, investigado por sus negocios con la CAM en el Caribe. Éste había cambiado el uso de la vivienda, que era sólo de carácter residencial y que sin embargo reconvirtió en oficina de ventas, algo que estaba expresamente prohibido por el propio clausulado concesional. Tras un recurso del empresario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) dio la razón a Costas en una primera sentencia en 1997, que fue refrendada en 2003 por el Tribunal Supremo. A partir de ahí, el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente trató en numerosas ocasiones de notificar el cumplimiento de dicha sentencia al interesado, lo que demoró el trámite hasta ayer mismo, cuando Costas decidió ejecutar el derribo de forma subsidiaria.

Costas aseguró ayer que la situación del inmueble era ya «insostenible» desde el pasado mayo, cuando la vivienda fue «violentada» por varios okupas que hubo que desalojar tras un complicado proceso de desahucio. Además, agregó que la vivienda se encontraba en un avanzado estado de deterioro que impedía su rehabilitación.

Intentos de frenar el fallo

Los últimos gobiernos municipales que han estado al frente del Consistorio han intentado en numerosas ocasiones consensuar con Costas una solución intermedia, principalmente para evitar la desaparición de la casa. Desde el socialista Juan Ángel Ferrer, a los liberales Vicente Juan Ivorra y Gema Amor, a quienes tomaron el relevo los populares Lourdes Caselles, actual edil de Urbanismo, y el alcalde Toni Pérez.

El primer edil compareció ayer para dar cuenta de un proyecto, iniciado el pasado octubre, que tenía como finalidad crear en este espacio un museo dedicado a la Almadraba. El 12 de mayo, el Ayuntamiento remitió a Costas la solicitud formal para la cesión, tanto del inmueble como de la parcela, donde también estaba previsto habilitar un jardín temático sobre este arte de pesca. «Es un día triste en lo nostálgico, pero el equipo de gobierno lo ha hecho todo para intentar evitar que esa sentencia se acabara cumpliendo», se lamentó Pérez. Asimismo, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de que Costas iba a ejecutar ayer el derribo y, cuando se enteró, ya fue imposible actuar, dado que parte de la vivienda ya se había echado abajo. Por último, dijo que su gobierno «seguirá peleando por obtener la concesión de la parcela e intentar reparar el daño».

Por su parte, la portavoz liberal, Gema Amor, criticó la decisión de Costas de derruir la vivienda y manifestó que, hasta febrero de 2015, había un compromiso de este organismo de no llevarlo a cabo. También censuró que el gobierno local no paralizara ayer los trabajos para buscar otra solución: «Yo me habría encadenado a la puerta», dijo.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine