El Ayuntamiento de Benidorm llevará al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que obliga al Consistorio a hacer frente a los impagos, de cerca de 750.000 euros, que la antigua concesionaria del servicio de la zona azul adeuda al organismo dependiente del Ministerio de Empleo. Así las cosas, la Administración local presentará un recurso contencioso administrativo contra la citada resolución para evitar hacer frente a los pagos que la Seguridad Social le deriva al considerar al ente municipal responsable solidario de los mismos, según se detalla en un decreto al que ha tenido acceso este diario.
Como se recordará, la empresa encargada de la gestión del servicio de la zona azul, así como de la grúa municipal, dejó de abonar un total de 743.372 euros en cuotas a sus trabajadores. Una cantidad a la que tuvo que hacer frente la Seguridad Social y después reclamó al Ayuntamiento de Benidorm, como ya adelantó este periódico.
Ante la petición realizada desde el organismo dependiente del Ministerio de Empleo, el Consistorio alegó que cumplió con su obligación de solicitar tanto al adjudicatario como al Ministerio el pago de las cuotas de la Seguridad Social por parte de esta mercantil y, además, especificaba que sí se pidió a la mercantil que abonara las cantidades pendientes, hasta en tres ocasiones. De hecho, finalmente la Administración local rescindió el contrato con Park Control, la concesionaria del servicio, por los reiterados incumplimientos.
Alegaciones rechazadas
Con todo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha rechazado ahora las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, como se indica en un decreto al que ha tenido acceso este periódico. En este mismo documento se indica que el organismo dependiente del Ministerio de Empleo efectuó una resolución el pasado 25 de mayo en la que se declara al Consistorio benidormense «responsable solidario de las deudas de la concesionaria Park Control por un importe de 743.372 euros».
No obstante, el Ayuntamiento se muestra contrario a esta resolución y, por ello, acuerda presentar un recurso contencioso administrativo contra la Seguridad Social ante el TSJ en aras de defender sus bienes y derechos.
La propia concejal de Contratación de Benidorm, la popular Lourdes Caselles, defendió, a preguntas de este diario, la decisión municipal de llevar a la Seguridad Social ante el máximo órgano judicial de la Comunidad. Asimismo, quitó hierro al asunto y aseguró que, en caso de que el alto tribunal fallé a favor del Ministerio de Empleo, no tendrá repercusión para las arcas locales. «La deuda deberá asumirla la nueva empresa adjudicataria del servicio de la zona azul y grúa municipal de Benidorm», zanjó la regidora, quien recalcó que así se establece en el pliego de condiciones del contrato.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, lamentó la situación a la que se ve abocado el Ayuntamiento y criticó que «a pesar de que lo importante es resarcir las cuotas que corresponden a los trabajadores, por la mala gestión de años anteriores, es muy posible que el Ayuntamiento, y por extensión todos los ciudadanos, vuelvan a pagar una multa».
