La intención del equipo de gobierno popular de Benidorm de pedir a las autoridades judiciales la imposición de órdenes de alejamiento a las mujeres que se dedican a atraer a turistas extranjeros en la zona inglesa usando el sexo como reclamo para, después, robarles podría extenderse también a carteristas habituales de estas calles, como aseguraron ayer fuentes del área municipal de Seguridad. Con todo, al final será un juez quien debe decidir si se emite o no este tipo de medida que vetaría el acceso a esta parte de la ciudad a los delincuentes habituales de la zona.

Con la aplicación de esta herramienta el ejecutivo municipal quiere frenar la delincuencia en esta zona, una de las más conflictivas a causa del alto volumen de bares enfocados a turistas extranjeros, quienes en ocasiones acaban siendo el blanco perfecto de malhechores que aprovechan su estado de embriaguez para atracarles. De ahí que el gobierno popular de Benidorm quiera vetar la entrada a estas calles a aquellas personas que suelen cometer delitos y que son reincidentes en esta parte de la ciudad turística.

Desde los grupos de la oposición aplauden la medida pero muestran su preocupación por el aumento de incidentes violentos en la también conocida como «zona guiri». «Estamos preocupados por la situación. Todas las medidas que vayan encaminadas a acabar con el problema son bien recibidas», señaló el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, mientras que el edil de C's Juan Balastegui suscribió las palabras de Martínez y planteó incluir un nueva norma para limitar la prostitución en la nueva ordenanza cívica en la que están trabajando. Por su parte, la representante de Liberales, Gema Amor, mostró su apoyo a la medida aunque recalcó que el tema de las prostitutas no es el único problema que existe en la zona, en alusión al aumento de altercados en los que se han visto implicados personal de los propios establecimientos de ocio. Por su lado, el portavoz de Compromís - Los Verdes, Josep Bigorra, también vio con buenos ojos la petición de las órdenes judiciales pero consideró que, a su juicio, sería mejor si se fuera directamente al cabecilla de la trama.

No hay que olvidar que la imposición de órdenes de alejamiento de una determinada zona a delincuentes habituales es una herramienta bastante innovadora para frenar la criminalidad en una zona. Con anterioridad se ha aplicado en los metros de Madrid y Barcelona para poner coto a los carteristas. Benidorm quiere aplicarlo ahora en la zona donde mayor número de visitantes extranjeros se dan cita con el desmadre.

No hay que olvidar que es el juez decano de la ciudad quien debe autorizar la imposición de estas medidas. Con todo, fuentes cercanas a la Fiscalía de Benidorm consultadas por este diario consideraron «viable» la imposición de órdenes de alejamiento siempre y cuando las personas en cuestión tengan denuncias previas por delitos tipificados en el artículo 55 del Código Penal.