Desarticulada en Benidorm una red dedicada a regularizar extranjeros con contratos falsos

La Policía Nacional detiene a un abogado, dos empresarios y 16 ciudadanos extranjeros. Se les imputan delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y fraude por más de 49.000 euros a la Seguridad Social

15.06.2016 | 11:18
Desarticulada en Benidorm una red dedicada a regularizar extranjeros con contratos falsos

Agentes de la Policía Nacional en la Comisaría de Benidorm han detenido a un letrado, dos empresarios y dieciséis personas extranjeras dedicadas a la regularización de residencia en España a través de contratos de trabajo falsos.

La investigación se inició el pasado mes de enero al tener sospechas que varios ciudadanos extranjeros, a los que se les había incoado un expediente de expulsión del territorio nacional por infracción a la Ley de Extranjería, habían regularizado su situación en España a través de un contrato de trabajo, todos ellos en una misma empresa.

Las primeras pesquisas policiales determinaron que varias personas habían contratado los servicios de un conocido letrado de Benidorm para regularizar su situación administrativa en España, sin embargo en vez de valerse de los procedimientos reconocidos en derecho, les proponía regularizar su situación a través de una empresa de la localidad y un contrato de trabajo falso, previo pago de 350 euros inicialmente y pagos periódicos de 360 euros durante unos seis meses aproximadamente con el fin de sufragar su propia Seguridad Social.

Posteriormente los agentes localizaron la empresa e investigaron a las personas extranjeras que se encontraban dadas de alta, descubriendo efectivamente que dos mujeres que habían estado detenidas con anterioridad por estancia ilegal, habían regularizado su situación mediante la presentación de ese contrato de trabajo.

Paralelamente se comprobó que la pareja de una de ellas, que también había sido detenida en las mismas circunstancias, había regularizado su situación administrativa mediante un contrato de trabajo en una empresa en la localidad de Calpe, llamando la atención de los agentes que la misma se encontraba cerrada y sin actividad comercial desde varios meses atrás.

Primeras detenciones
Los agentes verificaron que ninguno de los investigados acudía a su centro de trabajo a cumplir con sus obligaciones y que los dos habían sido asistidos en los trámites policiales por el mismo letrado encartado en la investigación, procediendo a la detención de tres empleados por un delito de falsedad documental.

Tras verificar su participación en los hechos y figurar como gestor de las empresas investigadas los agentes procedieron a la detención del abogado y al registro de su despacho profesional, interviniendo multitud de documentos, lo que llevó a la detención también de los dos empresarios.

A todos ellos se les imputa un delito de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración irregular y fraude a la Seguridad Social por un importe de más de 49.000 euros, según la información aportada esta mañana por la Policía Nacional.

En una segunda fase de la investigación, los agentes averiguaron que trece personas más habían utilizado a la misma mercantil para regularizar su situación en España y, al igual que los primeros investigados, nunca ejercieron su actividad profesional.

Paralelamente se comprobó que diez de ellos habían solicitado una prestación por desempleo, alcanzando el valor de los subsidios más de
49.000 euros, siendo detenidos por fraude a la seguridad social y los otros tres por falsedad documental.


Estudiado modus operandi
Para asegurarse la obtención de la tarjeta de extranjero por arraigo social presentaban los contratos de trabajo con una duración mínima de 12 meses, sin embargo solo estaban dados de alta seis meses en la Seguridad Social, ya que junto con un nuevo contrato de trabajo reunían los requisitos mínimos para garantizar la segunda renovación de la tarjeta de residencia.

La investigación, que aún continúa abierta, fue llevada a cabo por el Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría de Benidorm en colaboración con el Juzgado de Instrucción Número Uno de Benidorm, la Oficina de Extranjeros de Altea, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante.

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