Estaba llamado a ser la milla de oro de Benidorm y ha acabado siendo una de las zonas más degradadas e inseguras de la ciudad. Tres grupos de la oposición municipal, PSOE, Liberales y Compromís, se han unido para exigir al gobierno local que frente el abandono en el que se encuentra el sector de Armanello, una de las principales bolsas de suelo urbano que quedan por desarrollar en el municipio y cuya tramitación el Ayuntamiento tendrá que empezar de cero si quiere algún día urbanizar allí, tras más de quince años de litigios con el constructor Enrique Ortiz.
Los tres partidos de la oposición han presentado una moción para ser debatida en pleno en la que reclaman que se declaren en situación legal de ruina «todos aquellos inmuebles de la zona que no cumplan con las condiciones mínimas de salubridad, seguridad y ornato públicas y, a continuación, ordenar a los propietarios su demolición». Dicho de otra manera, exigir el derribo de prácticamente todas las antiguas casas de campo que un día desalojaron sus propietarios en vistas a una inminente urbanización de la zona y que, desde hace años, están ocupadas de manera irregular, en su mayoría, por familias de etnia gitana, que tienen enganches ilegales de agua y luz, etc.
La moción que abanderan estos tres grupos de la oposición, propone que, en el caso de que los propietarios del suelo no acataran la orden de demolición, sea el propio Consistorio quien eche abajo las viviendas de manera subsidiaria y después repercuta los gastos en los dueños.
Ahora bien, aunque la propuesta tiene como objetivo acabar con las construcciones que se mantienen en pie en esta zona, PSOE, Liberales y Compromís también han exigido al gobierno del popular Toni Pérez que busque un «plan B» para las familias que ahora mantienen las casas ocupadas. Según explicaron sus promotores, en los presupuestos municipales de 2016 se reservó una partida de 100.000 euros encaminada a poner en marcha un plan social que permitiera el realojo y reinserción de estas familias, una actuación que a día de hoy sigue sin haberse desarrollado. Por ello, socialistas, liberales y nacionalistas instan al ejecutivo local a que «en la mayor brevedad» se destine estos 100.000 euros comprometidos a poner en marcha este plan y promueva el realojo de los afectados en viviendas sociales del municipio.
Entre los motivos que han llevado a la oposición a presentar esta propuesta, sus ponentes indicaron que, desde que se liquidó el contrato con Ortiz el pasado noviembre, «el Ayuntamiento no tiene que rendir cuentas con ningún agente urbanizador, como ocurría hasta ahora, así que puede actuar sin estar condicionado al urbanizador y prácticamente sin tener que pedir permisos a nadie», manifestó la liberal Gema Amor.
Por último, la propuesta también exige que se incrementen las medidas de seguridad y salubridad en todo el sector, especialmente en el «Camí d'Armanello».
Respuesta municipal
Ante la moción presentada por tres de los cinco grupos de la oposición, que juntos agrupan a once de los 25 ediles de la corporación, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, afirmó que su departamento está «trabajando para ver en qué situación se encuentran realmente estas viviendas», de cara a estudiar «si se puede ejecutar alguna orden de derribo». Asimismo, la concejal dijo que el equipo de gobierno opta por que sean los propietarios del suelo, que mayoritariamente está en manos de Ortiz, quienes se ocupen del derribo, aunque no descartó que el Ayuntamiento actúe si hay algún caso «urgente».
