La empresa concesionaria de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm ha presentado ante el Ayuntamiento un voluminoso escrito de alegaciones para evitar su desahucio de esta instalación, cuyo expediente ha tenido que volver a tramitar de cero el Consistorio tras haber caducado el anterior. Levantina de Servicios Acuáticos SL, mercantil que explota las instalaciones, cuestiona en sus alegaciones los incumplimientos imputados por los técnicos municipales que dieron origen a la rescisión del contrato y, además, introduce cuestiones nuevas para justificar los retrasos en la ejecución de las obras que requería el pliego o en el abono del canon, según consta en la documentación a la que ha podido tener acceso este diario.
Entre los motivos expuestos por la empresa, Levantina afirma que el brote de legionela detectado en el Palau en marzo del pasado año, que obligó a clausurar durante 15 días la instalación, «ha alterado el equilibrio financiero del contrato, reduciendo drásticamente los ingresos previstos», un asunto que el abogado que representa a la empresa, Luis Bajo, considera que «debería tenerse en cuenta a la hora de resolver el contrato». Según los datos aportados por la empresa, desde que se produjo aquel brote se ha constatado una pérdida mensual media de ingresos que ronda el 40%, con picos de hasta el 60%. O, utilizando otro dato, mantiene que «si en el mes de febrero de 2015 había 1.254 socios», en noviembre del pasado año la cifra cayó hasta los 600, «lo que ha dificultado el cumplimiento pero nunca lo ha impedido».
Otras de las circunstancias que se exponen en las alegaciones son el «lamentable estado de conservación y de falta de mantenimiento» que Levantina se encontró cuando comenzó a gestionar el Palau, en mayo de 2014. Entre las deficiencias en el servicio, citan el mal funcionamiento de las placas solares para producir agua caliente, la necesidad de sustituir o reparar piezas en el sistema de calderas y en el circuito de agua caliente, etc. Asimismo, con respecto a las obras que debía ejecutar por contrato, la mercantil mantiene que muchas de ellas han finalizado, se están llevando a cabo o están en trámite, y achaca la causa de los retrasos a las trabas en la concesión de licencias impuestas desde el propio Ayuntamiento.
Con respecto a los impagos, la mercantil asegura que tiene concedido un fraccionamiento por parte de SUMA para los cánones de 2014 y 2015 y que «no existe ninguna demanda laboral por reclamación de salarios pendientes de abono» a los trabajadores.
Una vez presentadas estas alegaciones, los técnicos municipales tendrán ahora que valorarlas y decidir si se toman o no en cuenta.
