El juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm ha condenado a la exconcejal socialista del Ayuntamiento de Benidorm Isabel Martínez a un año de cárcel y una indemnización de 35.610 euros por un delito contra la integridad moral por acosar laboralmente a la coordinadora del departamento de Bienestar Social, área de la que Martínez fue concejal delegada entre septiembre de 2009 y mayo de 2011. Así se recoge en una sentencia donde el magistrado entiende como hechos probados que la exedil del PSOE «de forma continuada y sin justificación laboral, realizó u ordenó realizar una serie de acciones y tomó una serie de decisiones que afectaban directamente» a esta funcionaria «en el ámbito profesional».
Entre otras cuestiones, el juez tiene en cuenta que la trabajadora vio reducida o anulada «la capacidad decisoria que le competía por razón del cargo, hasta incluso ser apartada de la dirección y coordinación de los centros sociales, a pesar de ocupar el puesto de coordinadora de Bienestar Social», que ganó por oposición. Asimismo, la sentencia apunta que, como consecuencia de estos hechos, la trabajadora «sufrió lesiones consistentes en trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido, necesitando (...) tratamiento médico» durante 710 días, de los cuales 276 estuvo de baja.
Los hechos fueron denunciados en abril de 2011, un mes antes de las elecciones municipales en las que Isabel Martínez se cayó de la candidatura del PSOE. Entonces, la funcionaria recibió una notificación de traslado a un centro social en el que se le asignó un despacho compartido y una mesa y unas sillitas para terapia con niños, sin ordenador, teléfono ni otros medios para desarrollar sus funciones. Este hecho, unido a una falsa acusación de estar destrucción de documentos oficiales, le provocó una crisis de ansiedad y la llevó a denunciar el «calvario» que sufría, que en el juicio ratificaron varias trabajadoras sociales.
El juez considera que se trata de un «claro caso de mobbing vertical, de política recién llegada que quiere imponer sus nuevas formas y prefiere no contar con la funcionaria que lleva 10 años en el puesto superior del organigrama». Además de constatar que se le redujo el sueldo en 700 euros brutos al mes, el fallo también recoge que existió «un propósito deliberado desde el primer día en destruir a una persona en su faceta de operador público, lo que conlleva indisolublemente el daño a la persona física».
La sentencia, que todavía no es firme y contra la que cabe recurso de apelación, establece de oficio la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que de denunciaron los hechos, dado que Isabel Martínez ya ni siquiera ocupa cargo público. Además, al no tener antecedentes no tendrá que ingresar en prisión, aunque sí deberá abonar las costas del proceso, incluyendo las de la acusación particular, ejercida por Cecilia Morote.
