El juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm ha condenado a doce meses de prisión y al pago de una indemnización de 35.610 euros más intereses legales a la exconcejal socialista de Benidorm Isabel Martínez por un delito contra la integridad moral. El fallo considera probado que la funcionaria vio reducidas sus funciones como coordinadora del área de Bienestar Social del Ayuntamiento y que sufrió un "caso claro de 'mobbing'".

La sentencia puede ser recurrida en el plazo de diez días y obliga a la denunciada a pagar las costas procesales.

Isabel Martínez fue denunciada en abril de 2011, pocos meses antes de dejar de ser concejal en el Ayuntamiento, por una funcionaria que tiene plaza de coordinadora del departamento de Bienestar Social por oposición. La trabajadora afirmaba haber sido desalojada de su puesto de trabajo y destinada a otro en el que no disponía de los elementos y herramientas necesarios para desempeñar sus funciones. De hecho, el primer día que acudió a su nuevo destino se encontró con que tenía que trabajar en una mesa infantil con cuatro sillitas donde se hacen terapias para niños de entre 4 y 10 años, tal y como relató al juez durante la vista.

Aquella situación le provocó, según la sentencia, una crisis de ansiedad que le obligó a estar 276 días de baja.

La sentencia considera hechos probados que Martínez desde septiembre de 2009 "de forma continuada y sin justificación laboral" tomó decisiones que afectaban directamente a la funcionaria "que reducían o anulaban injustificadamente la capacidad decisoria que le competía" a la denunciante.

Igualmente se indica que la trabajadora fue apartada de la dirección y coordinación de Centros Sociales, "a pesar de ocupar el puesto de Coordinadora de Bienestar Social".

Laa sentencia añade que la trabajadora también sufrió "lesiones consistentes en trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido" del que hubo de ser tratada médicamente y necesitando con posterioridad "terapia psicológica".

En el fundamento quinto de la sentencia se señala de forma clara que es "un caso claro de 'mobbing' (acoso laboral) vertical" y añade que se trata de un caso "de política recién llegada que quiere imponer sus nuevas formas y prefiere no contar con la funcionaria que lleva diez años en el puesto superior del organigrama".

Isabel Martínez no tendrá que ingresar en prisión al no tener antecedentes penales.